En medio de un país que cada vez se ahoga más en masacres, homicidios y la reconfiguración del crimen organizado, el Gobierno de Gustavo Petro decidió suspender indefinidamente la extradición a Estados Unidos de Willinton Henao, alias ‘Mocho Olmedo’, cabecilla del Frente 33 de la guerrilla terrorista de las FARC, señalado por delitos de narcotráfico y lavado de dinero.
Así lo confirma un documento firmado por el según el documento firmado por el ministro de justicia Eduardo Montealegre, en el que se establece que la entrega de Henao a la justicia norteamericana queda frenada mientras este aporte resultados verificables al proceso de “paz total”, la misma bandera política con la que Petro insiste en que Colombia avanza hacia la reconciliación, aunque las cifras y la realidad en las regiones demuestren todo lo contrario.
Alias ‘Mocho Olmedo’ no es el único beneficiado. Desde principios de año, el Gobierno ya venía ‘cocinando’ este freno: en febrero, Otty Patiño, Alto Comisionado para la Paz, declaró que se adelantaban diálogos con Estados Unidos para gestionar estos procesos de extradición de forma “amable, tranquila y cordial”. De hecho, no es la primera suspensión. El año pasado, Petro ya detuvo la extradición de alias ‘HH’, comandante del Frente Comunero del Sur, otro grupo armado sentado en la misma mesa de negociaciones.
Mientras tanto, la supuesta paz total que pregona Petro se desangra. Ayer, en el municipio de Miraflores, Guaviare, las autoridades encontraron una fosa común con ocho cuerpos de personas asesinadas por los terroristas al mando de Iván Mordisco, uno de los cabecillas más buscados del Estado colombiano y líder de las disidencias que supuestamente negocian la paz con el Gobierno.
A la par, la violencia contra la Fuerza Pública no da tregua. Según estadísticas reveladas por El Tiempo, en los primeros cinco meses de 2025 los asesinatos de militares y policías se dispararon un 135% respecto al mismo periodo del 2024. Entre enero y mayo de este año se registraron 80 asesinatos de miembros de la Fuerza Pública, frente a los 34 del año pasado.
Abril fue el mes más crítico: 26 homicidios, la mayoría atribuidos al denominado Plan Pistola, una macabra estrategia por la que grupos criminales pagan hasta 5 millones de pesos por asesinar policías y soldados.
Para dimensionar la crisis: en los últimos diez años, los picos más altos de bajas en la Fuerza Pública se registraron en 2021 (148 casos), 2022 (130) y 2016 (115). Con apenas cinco meses de 2025, el país ya roza cifras que anticipan otro récord sangriento.
Mientras tanto, en España, Gustavo Petro insiste en explicarle al mundo por qué se producen desplazamientos en América Latina y habla del calentamiento global, pero guarda silencio frente a los cementerios clandestinos que crecen en la selva colombiana y el asesinato sistemático de la Fuerza Pública.
La senadora María Fernanda Cabal, líder de la oposición, fue contundente: “La decisión de Petro de suspender la extradición de alias ‘Mocho Olmedo’ no solo pone en riesgo el Estado de derecho, sino que premia la impunidad de quienes han causado tanto daño a nuestro país y a la comunidad internacional. La extradición de criminales como Mocho Olmedo es una obligación derivada de nuestros compromisos internacionales, especialmente con Estados Unidos, con quien mantenemos acuerdos judiciales de cooperación en la lucha contra el narcotráfico y el crimen organizado. No se puede premiar a criminales con la excusa de la paz”.
Sobre la ‘paz total’ de Petro, Cabal la califica como una ‘paz cocal’: “La paz cocal de Petro es la única que llaman paz y se representa en miles de víctimas y cientos de asesinatos de la Fuerza Pública. No existe paz donde hay impunidad y no hay desarrollo donde no hay seguridad”.
Las cifras la respaldan. Hoy, tres años después del inicio del mandato de Gustavo Petro, los colombianos siguen esperando esa paz que el Gobierno ve en cada esquina, pero que la realidad de masacres, asesinatos y fosas comunes desmiente a diario.