La política fiscal del Gobierno volvió a convertirse en un foco de tensión con el sector empresarial, esta vez no por una medida puntual, sino por una diferencia de fondo sobre el modelo de Estado que puede sostener la economía colombiana. El detonante fue la advertencia del presidente de la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia (Andi), Bruce Mac Master, quien cuestionó el crecimiento del gasto público y la ampliación de la carga tributaria hacia empresas y hogares.
Mac Master aseguró que Colombia ya enfrenta una presión impositiva elevada en comparación con otros países y sostuvo que el Presupuesto General de la Nación ha aumentado más del 50 % en los últimos tres años, “financiado con mayor deuda y un déficit creciente”, sin que se observe un avance hacia el equilibrio fiscal. En su análisis, el problema central dejó de ser el recaudo y pasó a ser la expansión del tamaño del Estado.
El dirigente gremial alertó que las nuevas propuestas tributarias no se limitan a grandes patrimonios o sectores específicos, sino que comienzan a impactar directamente a la clase media urbana. En particular, mencionó la posibilidad de reducir el umbral del impuesto al patrimonio desde $3.500 millones hasta $2.000 millones, lo que podría incluir a propietarios de apartamentos o viviendas dentro de este gravamen.
Para el empresariado, este cambio altera la naturaleza del sistema tributario y amplía el impacto social de las reformas. La preocupación también se extiende a impuestos sobre el consumo, la movilidad y la economía digital. Mac Master señaló que gravámenes a motocicletas, vehículos, servicios de computación en la nube y hospedaje web, sumados al incremento del impuesto al carbono, configuran una carga que atraviesa a toda la economía.
“Todas las empresas, las pymes, los comercios, los restaurantes y los hogares que consumen energía eléctrica terminarán afectados”, advirtió. No obstante, el punto más sensible del choque se concentra en el frente energético.
Según el presidente de la Andi, el aumento del impuesto al carbono, en un contexto en el que el país depende de la importación de gas natural y otros energéticos, eleva los costos de generación y presiona al alza los precios finales. A esto se suma la propuesta de incrementar la tarifa de ganancia ocasional en la venta de bienes raíces del 15 % al 35 %, una medida que —a juicio del gremio— desincentiva la inversión y encarece las transacciones inmobiliarias.
En el trasfondo del debate se enfrentan dos visiones opuestas: un Gobierno que busca financiar un mayor gasto social y un sector empresarial que considera agotado el margen fiscal del país. “Colombia no tiene condiciones para transferirle más recursos al Estado”, concluyó Mac Master, al insistir en que cualquier reforma estructural debería enfocarse en moderar la ambición del gasto público, más que en crear nuevos tributos.