Un nuevo escándalo sacude el sector energético en Colombia. La funcionaria de la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH), María Nella Márquez, está bajo la lupa por su participación en la venta del bloque Sinú-9, la mayor reserva de gas del país. Márquez habría trabajado anteriormente en Santa María Petroleum, una de las compañías que participa en la negociación, lo que evidencia un posible conflicto de interés y favoritismo en el proceso de asignación de derechos.
El bloque Sinú-9, clave para la autosuficiencia energética del país, ha sido objeto de una compleja transacción en la que NG Energy, de capital canadiense, y Maurel & Prom acordaron la compra del 40 % de la reserva por un valor de 150 millones de dólares. De este monto, ya se efectuó un pago inicial de 20 millones, mientras que el resto de la operación está sujeto a la aprobación de la ANH. No obstante, surgen serios cuestionamientos sobre la transparencia de esta negociación.
Uno de los principales factores de preocupación radica en los vínculos de los directivos de NG Energy con empresas involucradas en escándalos previos. Entre sus accionistas destaca Serafino Iacono, quien posee el 19,9 % de la compañía y es conocido por su papel en la desaparecida Pacific Rubiales. Además, en la junta directiva de NG Energy figura Ronald Pantin, otro exdirectivo de la misma empresa, cuya familia estuvo envuelta en un escándalo de cesión de un campo de exploración de crudo en el Valle Medio del Magdalena, aprobado por la ANH en diciembre de 2024.
La situación se agrava debido a la disputa por la propiedad del bloque Sinú-9, la cual ha desatado litigios en Panamá y se extiende a Colombia y Estados Unidos. En el centro del escándalo están funcionarios de la ANH, empresas petroleras y actores del sector energético, envueltos en cuestionamientos sobre la asignación de licencias, conflictos de interés y posibles inconsistencias en la información divulgada en mercados internacionales por la misma ANH.
Mientras tanto, el país enfrenta una crisis energética sin precedentes debido a la reducción significativa de las reservas de gas, en gran parte atribuida a la política energética del actual gobierno, que ha priorizado la transición hacia fuentes alternativas sin resultados concretos. La incertidumbre sobre el futuro del sector se ve exacerbada por investigaciones en curso, como la actuación de la Superintendencia de Industria y Comercio en el caso de Naturgás y su presidenta, Luz Estella Murgas, un proceso que ahora está en manos de la Procuraduría General de la Nación.
La venta del bloque Sinú-9 no solo es un tema de importancia económica, sino que también podría convertirse en un escándalo de gran magnitud, con implicaciones penales para los involucrados. La falta de transparencia en la negociación y los antecedentes de los actores implicados plantean serias dudas sobre la gestión de los recursos energéticos en Colombia, en un momento crítico para la seguridad energética del país.