Este lunes 2 de junio, la justicia de Guatemala ordenó la captura con fines de extradición de Iván Velásquez, actual embajador de Colombia ante el Vaticano, y de Luz Adriana Camargo, fiscal general de la Nación. La solicitud fue emitida por la Sala Tercera de la Corte de Apelaciones del Ramo Penal de ese país, a petición de la Fiscalía Especial contra la Impunidad (Feci), y está relacionada con el escándalo de corrupción de la constructora brasileña Odebrecht.
Según Rafael Curruchiche, vocero de la Feci –organismo adscrito al Ministerio Público guatemalteco–, ambos funcionarios colombianos estarían involucrados en un presunto entramado de corrupción que habría favorecido ilegalmente a la empresa Odebrecht en licitaciones y contratos, causando un detrimento estimado en 3.000 millones de quetzales (aproximadamente 1,6 billones de pesos colombianos o 391 millones de dólares).
La Fiscalía guatemalteca los acusa de los delitos de asociación ilícita, obstrucción de la justicia, tráfico de influencias y colusión, y ha solicitado su extradición para que comparezcan ante la justicia de ese país.
La reacción del Gobierno colombiano no se hizo esperar. El Ministerio de Relaciones Exteriores expresó su rechazo frente a lo que denominó una “preocupante instrumentalización de los mecanismos judiciales internacionales, contraria al espíritu de legalidad, cooperación y justicia que debe prevalecer en las relaciones entre Estados”.
Laura Sarabia, directora del Departamento Administrativo de la Presidencia, manifestó la “profunda preocupación” del Ejecutivo colombiano, al calificar la medida como una acción sin sustento jurídico. A través de un comunicado oficial, el Gobierno aseguró que “esta medida no solo representa una grave desviación de los estándares del derecho internacional, sino que también vulnera derechos humanos fundamentales”.
Hasta el momento, ni el embajador Velásquez ni la fiscal Camargo se han pronunciado públicamente sobre la solicitud de extradición. Sin embargo, fuentes diplomáticas han señalado que Colombia no contempla por ahora ningún proceso de extradición y que se garantizará el debido proceso y la defensa de los derechos de los funcionarios implicados.