El campo guajiro, históricamente motor productivo del departamento, enfrenta hoy una de sus crisis más graves: la inseguridad. Un diagnóstico reciente de los Frentes Solidarios de Seguridad y Paz (FSSP) de Fedegán reveló que durante el primer semestre de 2025 se registraron 1.044 delitos en las zonas rurales de La Guajira, una cifra que retrata el avance de la criminalidad en territorios donde antes reinaba la tranquilidad.
La encuesta, aplicada durante el primer ciclo de vacunación contra fiebre aftosa y brucelosis bovina, abarcó 3.071 predios en los 15 municipios del departamento y recogió testimonios de 5.934 hombres, 2.088 mujeres y 70 empresas vinculadas al sector agropecuario. El resultado fue contundente: el hurto lidera las estadísticas con 456 casos, seguido del abigeato con 400, la extorsión con 167, además de 15 casos de carneo y seis secuestros.
Municipios tradicionalmente ganaderos como Fonseca, Maicao, San Juan del Cesar, Barrancas y Distracción concentran la mayoría de los incidentes. Fonseca encabeza el listado con 180 casos, lo que equivale al 17 % del total departamental, seguido muy de cerca por Maicao (178), San Juan del Cesar (161), Barrancas (160) y Distracción (128).
Las veredas más afectadas son reflejo de un fenómeno que ya desborda lo local. En Majayura (Maicao) se documentaron 60 hechos delictivos, entre ellos 39 hurtos, 16 extorsiones y un secuestro; en Conejo (Fonseca) se registraron 32 delitos, de los cuales 13 fueron de abigeato; y en Los Haticos (San Juan del Cesar) se reportaron 26 robos de ganado. La inseguridad se ha tomado las trochas, las fincas y los caminos rurales, dejando a los campesinos en la incertidumbre y el miedo.
De acuerdo con Fernando Murillo, líder de los Frentes Solidarios de Seguridad y Paz, la situación “es insostenible”. “Estamos ante testimonios de miedo, pérdidas y abandono. El campo está cumpliendo su papel productivo, pero el delito le está ganando terreno. Los ganaderos viven entre el temor al robo, la extorsión y la falta de respuesta institucional”, aseguró.
Murillo explicó que el impacto del abigeato y del hurto trasciende la pérdida directa de animales o insumos. Cada res robada representa una inversión perdida en genética, alimentación, vacunación y trabajo humano. “No solo se afecta al productor, sino toda la cadena de valor ganadera, desde el criador hasta el consumidor final. Esta ola de delitos desestimula la inversión, impide planificar a largo plazo y lleva a muchos ganaderos a reducir sus hatos o abandonar sus tierras”, advirtió.
La consecuencia, según el estudio, es un debilitamiento estructural del sector rural, que ya enfrenta dificultades climáticas, altos costos de producción y falta de infraestructura. La inseguridad se convierte así en un obstáculo más para la productividad y la estabilidad económica de La Guajira.
Ante el vacío institucional, las comunidades han comenzado a organizar redes de autoprotección y denuncia. Los Frentes Solidarios, que inicialmente funcionaban como instrumentos de diagnóstico, se han transformado en espacios de acción comunitaria donde los habitantes comparten alertas, promueven la solidaridad y exigen presencia estatal.
El fenómeno, advierten los líderes del sector, no solo amenaza la seguridad de los productores, sino que compromete la soberanía alimentaria y la paz social de toda la región. Si no se refuerzan los mecanismos de seguridad rural, el campo guajiro podría enfrentar una desbandada de pequeños y medianos productores, dejando a la criminalidad como único actor fuerte en vastas zonas del departamento.