En un hecho que ha generado estupor e indignación, fue radicada una demanda de pérdida de investidura contra el senador Miguel Uribe Turbay, justo cuando el congresista permanece en la Unidad de Cuidados Intensivos de la Fundación Santa Fe, tras haber sido víctima de un atentado sicarial el pasado 7 de junio en Bogotá.
La acción judicial fue interpuesta ante el Consejo de Estado por Carlos Alberto Sánchez Gras, quien afirma actuar en representación de la Confederación Unión de Trabajadores de Colombia (UTC) y del sindicato SINSERGEN MINDEFENSA, que agrupa a servidores del Ministerio de Defensa, Fuerzas Militares y Policía Nacional. Según Sánchez, el senador habría incurrido en “actividades proselitistas” el mismo día del atentado, violando así el régimen de inhabilidades e incompatibilidades previsto en la Constitución.
“El senador Uribe Turbay participó en reuniones, discursos públicos y publicaciones en redes sociales con el fin explícito de promover su aspiración a un cargo de elección popular distinto al que ostenta”, señala el escrito. Añade que existen “fotografías, videos y testimonios juramentados” que demostrarían un presunto uso indebido de su investidura para obtener ventajas políticas.
Lo más insólito del documento es que incluso vincula el atentado con estas supuestas actuaciones políticas: “Exposo su vida, lo cual cobró que fuese atacado con un arma por parte de un menor de edad”, señala el demandante, quien considera que, aunque el legislador fue víctima de un ataque, eso “no lo exime de su responsabilidad”.
Sin embargo, investigaciones de las autoridades y revelaciones periodísticas contradicen frontalmente esta versión. La Fiscalía ha identificado que el atentado contra Uribe Turbay no fue un hecho aislado, sino que habría sido planeado por una estructura criminal ligada a la Segunda Marquetalia, una disidencia de las FARC liderada por Iván Márquez. La fiscal general incluso ha denominado esta línea de investigación como “la pista Caquetá”.
La revista SEMANA reveló el testimonio de alias Gabriela, una joven de 19 años que confesó haber participado en la logística del atentado. Según su versión, el ataque fue organizado desde Solano, en el departamento de Caquetá, específicamente en una zona conocida como El Para, que en su momento fue bastión del temido alias el Paisa. Gabriela afirmó que fue reclutada con la promesa de estudiar un curso de drones o francotirador “con la guerrilla”.
La contundencia de los hallazgos judiciales refuerza la hipótesis de un atentado político orquestado por una organización armada ilegal y no como resultado de una supuesta “imprudencia electoral” del senador, como lo plantea la demanda.
Mientras Miguel Uribe Turbay continúa en estado crítico, su familia y sectores políticos han calificado el recurso judicial como “inhumano y malintencionado”, y han exigido respeto por su estado de salud. La demanda, en medio de una coyuntura tan delicada, no solo resulta desproporcionada, sino también desconectada de la realidad probatoria que hasta ahora ha revelado la Fiscalía.