La Procuraduría General de la Nación ha iniciado una investigación disciplinaria contra Ana María Castaño Álvarez, exsecretaria general de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd), en relación con un contrato de suministro valorado en aproximadamente 10 mil millones de pesos.
Los hechos investigados giran en torno a un contrato bilateral que la Ungrd firmó para adquirir kits de uniformes, destinados a los 6.633 funcionarios, contratistas y colaboradores de la entidad a nivel nacional. Estos kits comprenden elementos como gorras, chalecos y camibusos tipo polo.
De acuerdo con lo reportado por medios de comunicación, cada kit se fijó en un costo de $1.507.533 pesos por persona, lo que sumaría una inversión total de $9.999.466.389 pesos. Ante estas cifras, la Procuraduría ha requerido toda la documentación vinculada tanto a la fase precontractual como a la contractual de este proceso. Se busca revisar las propuestas presentadas por los oferentes y las evaluaciones correspondientes para determinar si hubo sobrecostos en la adquisición de estos uniformes.
El objetivo de esta indagación es esclarecer si existió alguna conducta irregular, si esta puede clasificarse como una falta disciplinaria o si, por otro lado, las acciones se llevaron a cabo bajo una causal de exclusión de responsabilidad.
Este caso se añade a una serie de controles y vigilancias que se están realizando para asegurar la transparencia en la administración de los recursos públicos en la Ungrd, bajo el gobierno de Gustavo Petro. La investigación busca garantizar que los fondos destinados a la gestión de riesgos se manejen con la mayor integridad y eficiencia posible.