El próximo lunes 23 de febrero, el Consejo de Estado realizará la audiencia pública a la senadora del Pacto Histórico, Isabel Zuleta, en un proceso que podría marcar un antes y un después en su carrera política.
La Sala Especial de Decisión de Pérdida de Investidura Veinte analizará su presunta responsabilidad en el llamado “tarimazo” realizado en Medellín, donde participaron voceros que se encontraban privados de la libertad.
En el centro de la controversia está un oficio dirigido al Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec) y firmado por la propia senadora. Según el expediente, el documento habría sido utilizado para gestionar la salida temporal de internos recluidos en la cárcel de Itagüí, con el fin de que asistieran a un acto público junto al presidente de la República en la capital antioqueña.
El alto tribunal deberá determinar si esa gestión —y su posterior presencia en la tarima— constituyen una falta grave que justifique la pérdida de investidura, una de las sanciones más severas para un congresista.
En medio del proceso, el Ministerio Público solicitó rastrear las resoluciones presidenciales que habrían servido como sustento legal para la realización del evento. La discusión jurídica gira en torno a si existía o no un marco normativo claro que permitiera la salida de los voceros y su participación en el acto.
Desde el entorno de Zuleta han defendido que su actuación se dio dentro de sus funciones como congresista y en el contexto de los procesos de diálogo impulsados por el Gobierno.
El caso ha reavivado la polémica en la ciudad. “El oficio al Inpec demuestra que ella fue la gestora directa de traer a los bandidos a la tarima de Medellín”, afirmó Alejandro de Bedout concejal de Medellín
La audiencia pública no solo pondrá bajo la lupa el papel de la senadora, sino que también abrirá un debate más amplio sobre los límites de la gestión política frente a personas privadas de la libertad y la responsabilidad de los congresistas en este tipo de escenarios