La revocatoria del alcalde Diego Torres en Itagüí sigue sumando apoyos ciudadanos y fuertes críticas por la aparente falta de acción de las autoridades para permitir la recolección de firmas. El líder del proceso, Juan David Flórez, denunció públicamente la demora en la entrega de las planillas por parte de la Registraduría y el Consejo Nacional Electoral, pese a que deberían haberse entregado hace más de un mes.
“La gente quiere revocar al alcalde de Itagüí y no es por una ni dos razones, razones sobran”, afirmó Flórez, quien insiste en que “están frenando el proceso” y cuestiona “¿Cuál es el miedo a que la gente firme?”.
Flórez también señaló que Itagüí recibió millonarios recursos para proyectos clave que no se han ejecutado, como el puente de Fábricas Unidas, que debía comenzar hace un año y no muestra avances. “¿Dónde está la plata?”, preguntó el líder de la revocatoria, recordando además los recursos recibidos de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres, bajo la dirección de Olmedo López, que tampoco se han visto reflejados en obras.
Las críticas también apuntan a la gestión en emergencias, especialmente durante las lluvias y deslizamientos que afectaron barrios como Los Olivares y La Unión. “Durante esas emergencias, el alcalde brilló por su ausencia y apareció dos días después”, agregó Flórez. Esta preocupación se agrava por la reducción del presupuesto del Fondo Municipal de Gestión del Riesgo, que bajó de $1.500 millones en 2024 a apenas $449 millones para 2025, justo en medio de la temporada de lluvias más fuerte del año.
Mientras tanto, el municipio presume de contar con 702 cámaras de fotodetección, pero varios ciudadanos denuncian que las cámaras de seguridad, cruciales para esclarecer accidentes y delitos, “dejan mucho que desear”. Un ciudadano que requirió el registro de un incidente recibió como respuesta oficial que “la cámara ubicada en ese punto tenía afectada la grabación, imposibilitando la lectura y recuperación del video”. Estas denuncias generan dudas sobre si las cámaras de seguridad funcionan solo para inflar estadísticas y no para proteger a la ciudadanía.
La polémica en Itagüí no se detiene. Recientemente, la ciudadanía denunció la imposición de comparendos a límites de velocidad tan bajos como 30 km/h, lo que provocó un escandalo y obligó al alcalde a suspender cuatro cámaras de fotomultas bajo esa medida. El Decreto Municipal 545 elevó el límite de velocidad en zona urbana a 50 km/h (excepto la autopista, que se mantiene en 80 km/h) y revocó todas las multas impuestas entre el 29 de abril y el 16 de mayo, además de prometer la devolución de los pagos realizados.
Sin embargo, la controversia también toca al secretario de Movilidad, Sebastián Zuleta, sobrino del concejal Elkin Zuleta, quien reconoció que los estudios técnicos para bajar los límites de velocidad fueron contratados directamente por la administración municipal, contradiciendo la versión inicial del alcalde Diego Torres que culpaba al Gobierno Nacional. Esta situación ha desatado la presión ciudadana para su salida inmediata del cargo.
Otras denuncias señalan sobrecostos en la compra de chaquetas prometidas por el alcalde para los estudiantes de grado once. Aunque la administración contrató cada chaqueta en 175.000 pesos, empresas locales estiman que su precio real rondaría los 100.000 pesos. Además, todas las chaquetas fueron compradas a la misma empresa, Industrias Ninno de Medellín, a pesar de que Itagüí cuenta con un sector textil que fabrica estas prendas. Los estudiantes siguen esperando sus chaquetas mientras los recursos públicos terminan en manos de terceros.
La gestión del alcalde Diego Torres también ha sido cuestionada por la creciente presencia de figuras del petrismo en eventos oficiales en el municipio. El pasado 23 de mayo, en el Parque del Artista, se llevó a cabo un evento con el ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, congresistas del Pacto Histórico y miembros del partido Comunes (antiguas FARC). Este evento, donde se entregaron ”16 ambulancias”, alimenta las versiones sobre la alianza política entre el alcalde Torres y el senador Carlos Andrés Trujillo, conocido como el “conservador petrista” por su cercanía y escándalos con el Gobierno de Gustavo Petro.
Flórez también denunció que la administración de Diego Torres ha embargado más de 4 millones de cuentas bancarias a ciudadanos, muchos de ellos, asegura, de manera presuntamente arbitraria. A la par, mantiene 18 asesores que le cuestan a los itagüiseños cerca de 3.000 millones de pesos al año, recursos que contrastan con la falta de presupuesto para vías, programas sociales y la atención a personas con discapacidad.
Para Juan David Flórez, estos problemas y la falta de cumplimiento del plan de desarrollo justifican la revocatoria. “La revocatoria es un derecho ciudadano, la indignación y el inconformismo están justificados”, aseguró. El líder espera que, con las firmas recolectadas, se pueda pedir la terminación anticipada del mandato del alcalde Diego Torres. “Porque Itagüí se cansó”, concluyó Flórez.
La ciudadanía espera ahora la respuesta de la Registraduría y del Consejo Nacional Electoral para que el proceso de revocatoria pueda avanzar y se escuchen las voces de quienes consideran que Itagüí necesita un cambio urgente.