En un giro inesperado, la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) anunció en rueda de prensa que la práctica de los denominados falsos positivos no fue una política oficial de la Seguridad Democrática. El pronunciamiento se dio en el marco de la imputación de cargos contra cuatro generales en retiro del Ejército Nacional, acusados de 442 ejecuciones extrajudiciales ocurridas en Antioquia entre 2004 y 2007.
La magistrada de la Sala de Reconocimiento de la JEP, Catalina Díaz, expuso los patrones que caracterizaron estas ejecuciones y su relación con la búsqueda de resultados operacionales. No obstante, enfatizó que el análisis de los lineamientos de la lucha contra la subversión no permite concluir que la Seguridad Democrática haya promovido esta práctica. “El texto de la política de Seguridad Democrática no consignaba la política de control de cuerpos. Hablaba de la vigencia del Estado de derecho en todo el territorio nacional y no decía que el éxito se medía en bajas”, explicó la magistrada Díaz.
Contrario a lo señalado por algunos sectores políticos, la magistrada resaltó que dicha política incluía otros indicadores clave, como la disminución de secuestros, extorsiones y retenes ilegales, además del fortalecimiento de la inteligencia militar. “Las bajas no eran lo más importante”, subrayó Díaz, planteando interrogantes sobre las razones que llevaron a los generales imputados a ordenar a sus tropas la obtención de resultados a toda costa.
Uno de los puntos cruciales del caso 03 será esclarecer qué motivó a los comandantes de Brigada a implementar un esquema sistemático de asesinatos y desapariciones para inflar sus informes de combate. “La pregunta es por qué los generales de la Cuarta Brigada impusieron esta política de control de cuerpos durante seis años, con comunicaciones radiales formales que establecían claramente estos lineamientos”, afirmó la magistrada.
Otro aspecto clave en la investigación será analizar cómo se otorgaban condecoraciones y permisos dentro de estas brigadas y quiénes se beneficiaban directamente de los incentivos. En las pruebas recolectadas, se destaca el papel de los programas radiales internos del Ejército, donde los generales emitían órdenes diarias que generaban una competencia entre las unidades militares por mostrar mejores resultados.
La JEP también evaluará la responsabilidad de las autoridades que fueron advertidas sobre los crímenes. “Cómo es posible que estos generales, durante seis años, implementaran abiertamente esta política, a pesar de las alertas de la Gobernación de Antioquia, Naciones Unidas, la Defensoría del Pueblo y la Procuraduría”, concluyó Díaz.
El siguiente capítulo de esta investigación buscará establecer las responsabilidades individuales y esclarecer el impacto de estos crímenes en el conflicto armado colombiano.