El exministro de Hacienda y actual rector de la Escuela de Ingenieros de Antioquia, José Manuel Restrepo, aseguró que la reciente decisión del Consejo de Estado no modifica en absoluto el incremento del 23% decretado para este año 2026.
Según explicó, el alto tribunal no anuló el aumento ni lo declaró inconstitucional, sino que le pidió al Gobierno nacional mayor rigor técnico en la justificación del ajuste salarial.
“Lo primero y lo más importante es que la decisión del Consejo de Estado no cambia en absolutamente nada los incrementos que ya se dieron del veintitrés por ciento desde el inicio de este año 2026. Lo único que cambia es que le está pidiendo al Gobierno nacional un poco de rigor técnico en la manera como justificó técnicamente el aumento”, afirmó.
Restrepo precisó que la corporación tampoco está cuestionando la constitucionalidad del incremento. En cambio, solicita que el Ejecutivo demuestre que cumple con los parámetros establecidos en el artículo 8 de la Ley 278 de 1996.
De acuerdo con el exministro, esos criterios incluyen variables como la inflación de 2025 y 2026, la productividad, la contribución de los salarios al ingreso nacional, el crecimiento del Producto Interno Bruto de 2025 y el concepto constitucional de salario vital, que fue —según señaló— el principal fundamento del Gobierno para fijar el aumento del 23%.
En ese sentido, consideró que lo más probable es que el Ejecutivo ratifique el incremento, fortalezca la argumentación técnica sobre el salario vital y que finalmente el Consejo de Estado termine aceptando el ajuste.
No obstante, advirtió que la decisión judicial podría tener implicaciones políticas en pleno contexto preelectoral.
“Lo que sí puede suceder es que el Gobierno capitalice esto para hacer campaña electoral, para la guerra de las narrativas, para decir que aquí hay un problema de lucha de clases. Tristemente, una decisión como esta termina siendo más bien un instrumento que capitalice políticamente el Gobierno”, concluyó.
La discusión se da en medio del debate nacional sobre el impacto fiscal y económico del aumento salarial y sus efectos en el empleo, la inflación y las finanzas públicas.