Este miércoles, la jueza tercera de control de garantías decidirá si envía a la cárcel a la exconsejera presidencial para las regiones, Sandra Ortiz, procesada por su presunta participación en el escándalo de corrupción que afectó a la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD). La Fiscalía General solicitó una medida privativa de la libertad, argumentando que Ortiz representa un peligro para la sociedad y podría manipular pruebas.
Según la fiscal del caso, Ortiz habría participado activamente en el desvío de contratos millonarios, incluyendo 63 mil millones de pesos destinados a la compra de 40 carrotanques para llevar agua potable a La Guajira. Parte de esos fondos presuntamente fueron enviados a líderes políticos como Iván Name, presidente del Senado, y Andrés Calle, presidente de la Cámara de Representantes.
La Fiscalía también presentó evidencias que apuntan a reuniones clandestinas en una suite del Hotel Tequendama, donde se habría coordinado la entrega de tres mil millones de pesos en efectivo mediante vehículos de seguridad asignados a la exconsejera.
Por su parte, el abogado defensor Oswaldo Medina solicitó que Ortiz enfrente el proceso en libertad, alegando que no existe prueba alguna que demuestre una obstrucción a la justicia ni presiones a testigos. Cuestionó la credibilidad otorgada a los testimonios del exdirector de la UNGRD, Olmedo López, y su exsubdirector, Sneyder Pinilla.
Sandra Ortiz se declaró inocente y defendió su trayectoria política: “Nunca me cogí una moneda de cuero. He luchado contra la politiquería en mi departamento de Boyacá y llegué a la política con esfuerzo y dedicación”, afirmó.
De ser encontrada culpable, Ortiz enfrentaría cargos por lavado de activos y tráfico de influencias, con una posible condena de hasta 30 años de prisión. La decisión de la jueza será determinante para el futuro judicial de la exfuncionaria en uno de los casos de corrupción más sonados del año.