La comodidad primero: Representantes estrenan sillas de $7 millones y archivadores de $6 millones

La Dirección Administrativa de la Cámara de Representantes de Colombia ha ejecutado una polémica remodelación del Capitolio Nacional con un presupuesto que supera los 35 mil millones de pesos. Este proyecto, aprobado a principios de 2024, incluye no solo reparaciones estructurales, sino también la adquisición de mobiliario y equipos de última generación para las oficinas del Congreso.

Entre los gastos más controversiales se encuentran las sillas ergonómicas, cada una valorada en 7 millones de pesos, con un costo adicional de 600 mil pesos por instalación. Aunque estas sillas serán asignadas a las oficinas de los 187 representantes, la Dirección decidió adquirir 253 unidades para garantizar la “mejora continua y renovación.”

A esta lista se suman escritorios de 6 millones de pesos y archivadores de 7 millones, ambos con costos de instalación similares a los de las sillas. Según el contrato, el proveedor “Bolsa Mercantil” ha destinado más de mil millones de pesos solo para las sillas, un gasto que ha generado críticas entre sectores ciudadanos y políticos.

El presupuesto inicial para esta remodelación, estimado en 28 mil millones, se incrementó en octubre con una adición de 8 mil millones, elevando el costo total a más de 35 mil millones de pesos. Este aumento ha intensificado el debate público sobre la gestión de recursos en un contexto de necesidades sociales insatisfechas.

Organizaciones de la sociedad civil han cuestionado la prioridad de estos gastos, señalando que, mientras el Congreso invierte en muebles de lujo, sectores como salud, educación e infraestructura rural enfrentan importantes déficits de financiación. Por su parte, la Dirección Administrativa ha defendido la inversión, argumentando que busca modernizar las instalaciones del Capitolio y mejorar las condiciones de trabajo de los legisladores.

Este contrato, que abarca también televisores, cámaras de seguridad y cerraduras electrónicas, ha puesto bajo el reflector el uso de los recursos públicos en el Congreso, en un momento donde la transparencia y la austeridad son reclamos constantes de la ciudadanía.