El presidente ejecutivo de la Federación Colombiana de Ganaderos (Fedegán), José Félix Lafaurie Rivera, denunció lo que considera una maniobra gubernamental para estrangular financieramente a los productores agropecuarios mediante incrementos excesivos en el impuesto predial rural. Según el dirigente gremial, el Instituto Geográfico Agustín Codazzi (IGAC) ha elevado los avalúos catastrales en varias regiones del país, afectando directamente a los propietarios de tierras en departamentos como Sucre, Cesar y Córdoba.
En su reciente columna titulada “Un catastro… catastrófico”, Lafaurie alertó sobre la grave situación que enfrentan los ganaderos. “Nos están obligando a vender el ganado para pagar impuestos”, advierten los productores afectados. A través de su cuenta de X, el dirigente gremial enfatizó que este incremento no se limita a una sola región, sino que se extenderá a nivel nacional, dado que el catastro rural en promedio tiene 16 años de desactualización.
Un impuesto que amenaza la sostenibilidad del campo
El líder gremial explicó que, según el Decreto 1609 de 2024, el reajuste anual de los avalúos catastrales no debe superar la meta de inflación y debe basarse en el Índice de Precios al Consumidor (IPC) y el Índice de Precios al Productor Agropecuario (IPPA). Para 2025, dicho reajuste fue fijado en un 3 % para predios rurales agropecuarios no actualizados en 2024. Sin embargo, denunció que esta norma está siendo aplicada de manera arbitraria, con avalúos desproporcionados.
“En Sucre, un dirigente gremial reporta casos de predios cuyo avalúo pasó de 500 millones de pesos a 2500 millones. ‘Si antes pagaban cinco millones en predial, ahora pagarán 25 o 30. Una locura’”, manifestó Lafaurie.
Asimismo, enfatizó que esta política de actualización catastral viola la Ley 101 de 1993, la cual establece que los avalúos de tierras agropecuarias no pueden realizarse de forma automática ni masiva, sino que deben basarse en la capacidad productiva y rentabilidad de los predios. “La actualización ‘masiva’ y ‘automática’ impuesta por el IGAC ignora por completo esta normativa y afecta directamente al campo colombiano”, subrayó.
La Ley 2294 de 2023: una amenaza a la propiedad privada
Lafaurie también criticó la Ley 2294 de 2023, conocida como la “Ley del Plan” del gobierno Petro, que, según él, representa un ataque a la propiedad privada y la libertad de emprendimiento en el sector agropecuario. Dicha ley otorgó facultades al IGAC para actualizar masivamente los valores catastrales rezagados y realizar ajustes automáticos en los avalúos de todos los predios del país.
“El objetivo parece claro: arrinconar a los productores para que vendan sus tierras”, denunció Lafaurie. “Esta medida se suma a otras disposiciones como la creación de Áreas de Protección para la Producción de Alimentos, que limitan el derecho de los propietarios sobre sus terrenos y vulneran la autonomía regional”.
Ante esta situación, los ganaderos y agricultores han manifestado su preocupación y han solicitado que el gobierno reconsidere estas medidas, que ponen en riesgo la estabilidad del sector agropecuario y la seguridad alimentaria del país.