El Decreto 0858 del 30 de julio de 2025, con el que el gobierno de Gustavo Petro impone un nuevo modelo de salud preventiva y resolutiva, desató una tormenta jurídica y política que ya ha llegado al Consejo de Estado. Abogados, congresistas y gremios del sector salud denuncian que la norma es inconstitucional y representa un intento del Ejecutivo por reformar el sistema sin pasar por el Congreso.
La primera demanda fue radicada por los abogados Germán Calderón España y Abelardo de la Espriella, quienes argumentan que el decreto viola la Constitución al modificar de fondo el sistema de salud, considerado un derecho fundamental, sin el trámite de una ley estatutaria. “Una reforma estructural no puede imponerse por decreto”, señalaron.
A esta ofensiva legal se sumará la senadora Paloma Valencia, quien anunció que también demandará el decreto, al que calificó como un “decretazo ilegal”. Según la congresista, el Gobierno está usurpando funciones legislativas al trasladar competencias de las EPS a las entidades territoriales sin contar con una ley del Congreso. “Ley mata decreto”, afirmó. “Si el presidente quería legislar, debió quedarse en el Congreso. Es gravísimo para Colombia tener un mandatario que todos los días busca cómo romper la Constitución”.
El representante a la Cámara Andrés Forero también confirmó que presentará una demanda, advirtiendo que el país se enfrenta a una “autocracia sanitaria” disfrazada de política pública.
Además de la presión jurídica y política, entidades del sector salud como ACEMI y la Asociación Colombiana de Hospitales y Clínicas han expresado su preocupación por los vacíos técnicos del modelo. Señalan que no existe una hoja de ruta clara, ni recursos garantizados, especialmente para atender en zonas rurales.
Aunque el enfoque en prevención es bien recibido en teoría, expertos temen una fragmentación del sistema si no se asegura una transición ordenada. Exministros de Salud y analistas independientes coinciden en que, sin respaldo legislativo, el decreto está jurídicamente expuesto y podría ser tumbado por los jueces.
Pese a su entrada en vigor, el Decreto 0858 enfrenta ahora un camino incierto, en medio de una creciente oposición jurídica y política que promete dar la pelea en todas las instancias.