El llamado del presidente Gustavo Petro a la movilización ciudadana el próximo 18 de marzo ha generado reacciones en distintos sectores políticos. Una de las más contundentes provino de la senadora y precandidata presidencial María Fernanda Cabal, quien, a través de un hilo en X, denunció que el Gobierno podría estar utilizando mecanismos similares a los de anteriores convocatorias para financiar las nuevas protestas en favor de sus reformas.
“Los colombianos deben entender que el respaldo a Petro y su intento de golpe de Estado no es gratuito”, afirmó Cabal, señalando que, en movilizaciones pasadas, el Gobierno ha transferido $537.810.448.155 a resguardos indígenas a través de convenios interadministrativos y subsidios, lo que, según ella, evidencia que Petro ha usado recursos públicos para asegurar apoyo en las calles.
Bajo la etiqueta #NoHayMarchaGratis, la senadora recordó que la minga indígena recibió $442.219.354.686 en convenios interadministrativos y $95.591.093.469 en subsidios provenientes de entidades como el Ministerio de Vivienda y Prosperidad Social.
Entre los principales beneficiarios de estos recursos, Cabal mencionó:
- CRIC: $177.726.424.037
- ONIC: $95.178.769.657
- OPIAC: $33.534.287.008
- AICO: $13.997.525.091
- Otras comunidades: $121.782.348.893
La congresista cuestionó el destino real de estos fondos, señalando que organizaciones como el CRIC y la ONIC han sido clave en la narrativa oficialista y en la movilización de apoyos al gobierno Petro. “¿Cuántos de estos recursos han llegado realmente a las comunidades? Son cientos de miles de millones de pesos en contratos de los que poco o nada se sabe sobre su ejecución”, advirtió.
Además, puso en duda la implementación del modelo de salud propia que debe ejecutar la OPIAC, destacando que hay un contrato por $7.000 millones de pesos cuyo avance es incierto.
Cabal advirtió que, al igual que en el pasado, Petro podría recurrir nuevamente a la entrega de millonarios recursos a organizaciones afines para garantizar el éxito de las marchas del 18 de marzo. La senadora insistió en que esta es una estrategia del Gobierno para presionar la aprobación de sus reformas, utilizando el dinero público para movilizar sectores específicos y generar una imagen de respaldo popular.
La denuncia de Cabal intensifica el debate sobre el financiamiento de ciertos sectores sociales y su papel en las manifestaciones convocadas por el Ejecutivo. Mientras el Gobierno sostiene que las marchas buscan defender reformas clave, la oposición insiste en que se está utilizando dinero público para garantizar apoyo político en las calles.