El 29 de noviembre de 2024, el testimonio de María Alejandra Benavides, exasesora del Ministerio de Hacienda, sacudió al Gobierno nacional al señalar al ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, como uno de los principales implicados en el entramado de corrupción de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD). Según Benavides, Bonilla tenía pleno conocimiento de las irregularidades y habría autorizado el desvío de recursos por $92.000 millones destinados a municipios como Cotorra (Córdoba), Saravena (Arauca) y Carmen de Bolívar (Bolívar).
La exfuncionaria aseguró ante la Fiscalía General de la Nación que los recursos de la UNGRD se habrían utilizado para sobornar a congresistas, con el objetivo de asegurar la aprobación de las reformas sociales impulsadas por el presidente Gustavo Petro. Según el relato, los sobornos se habrían realizado a mediados de diciembre de 2023, momentos clave para que la Comisión de Crédito Público avalara préstamos cruciales para las finanzas del país.
Benavides reveló detalles que comprometen directamente a Bonilla: “El ministro sabía que Sneyder, o más bien, que los congresistas le estaban enviando el contacto de las personas encargadas de los contratos en las regiones. (…) Sí señora, él lo sabía”. También denunció haber sido utilizada por el ministro para concretar estas gestiones: “Él me usó, él usó el hecho de ser el ministro de Hacienda, que a él no le importaba el costo que tenía que pagar”.
Otros funcionarios señalados
El escándalo no se limita a Bonilla. Según Benavides, otros altos funcionarios también estarían implicados, como el exministro del Interior, Luis Fernando Velasco, y el asesor del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República (DAPRE), Jaime Ramírez Cobo. La exasesora detalló cómo ambos participaron en reuniones clave para gestionar contratos y sobornos a congresistas.
“Cuando le mando a él (Jaime Ramírez Cobo) los contactos, ya había pasado la reunión con Velasco, donde se sabía de la urgencia. Él pidió los contactos para llamar, porque los congresistas ya estaban conectados para la sesión de crédito público, que era cuando iban a votar”, explicó Benavides.
Aunque no existen registros documentales de la participación de Velasco en estas reuniones, Benavides afirmó que su papel no fue determinante, y que fue Bonilla quien directamente gestionó las autorizaciones en la UNGRD el 15 de diciembre de 2023.
El testimonio de Benavides agrava la crisis política del Gobierno Petro y coloca en una posición crítica al ministro Bonilla, quien aún no ha emitido una declaración oficial sobre las acusaciones. Este caso, considerado uno de los mayores escándalos de corrupción del actual gobierno, podría traer consecuencias judiciales para los implicados y un fuerte impacto en la percepción pública de las reformas sociales promovidas por la administración.