La Corte Constitucional deberá pronunciarse sobre la legalidad del Decreto Legislativo 1390 de 2025, con el que el Gobierno declaró el estado de emergencia económica y social por 30 días. La revisión se activó tras la demanda presentada por la senadora María Fernanda Cabal, quien cuestionó que la medida cumpla con los requisitos establecidos en el artículo 215 de la Constitución.
A través de sus redes sociales, la líder de la oposición informó sobre la interposición de la acción judicial y aseguró que no existieron hechos sobrevinientes ni imprevisibles que justificaran la declaratoria. En su escrito, Cabal sostiene que el Ejecutivo fundamentó la emergencia en problemas fiscales conocidos, como el déficit, la insuficiencia de ingresos y el hundimiento de la ley de financiamiento, situaciones que —según la demanda— hacen parte del ciclo presupuestal ordinario.
“La emergencia económica no puede utilizarse para corregir errores de planeación ni para suplir la falta de respaldo político en el Congreso”, señala el documento, que advierte que elevar estas dificultades a un estado de excepción desborda los límites constitucionales y afecta el equilibrio entre las ramas del poder público.
La acción también cuestiona que el Gobierno busque resolver por decreto decisiones que fueron rechazadas previamente por el Congreso, lo que, a juicio de la senadora, normaliza el gobierno por vía excepcional y debilita el control legislativo. “Convertir estas situaciones en fundamento de una emergencia implica desdibujar la separación de poderes”, añade el texto.
Tras radicar la demanda, Cabal reiteró que corresponde ahora a la Corte Constitucional intervenir para evitar el uso indebido de facultades excepcionales. “La emergencia no puede ser un instrumento para imponer por decreto lo que el Congreso negó democráticamente”, afirmó.
El alto tribunal evaluará si el decreto cumple con los requisitos formales y materiales exigidos por la Constitución y si las medidas adoptadas se ajustan a los límites del estado de excepción declarado por el Gobierno del presidente Gustavo Petro.