Una investigación de Noticias Caracol desató un terremoto político en el país al revelar presuntos vínculos entre alias Calarcá, uno de los jefes de las disidencias de las FARC, un general activo de las Fuerzas Militares y altos funcionarios de la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI).
La primera figura pública en reaccionar fue la precandidata presidencial María Fernanda Cabal, quien calificó el hallazgo como un “escándalo de Estado de proporciones históricas”.
Cabal exige respuestas inmediatas a Petro, Francia Márquez y la Fiscalía
A través de una serie de mensajes publicados en su cuenta de X, Cabal exigió explicaciones al presidente Gustavo Petro, a la vicepresidenta Francia Márquez y a la fiscal general Luz Adriana Camargo, señalando que el contenido de la investigación periodística compromete la seguridad nacional.
“El país debe ver esta investigación (…) donde se evidencia vínculos entre el terrorista de las FARC alias Calarcá, un general de la República y miembros de la DNI. ¿Qué hay de la financiación de la campaña de Petro?”, escribió la senadora, poniendo sobre la mesa uno de los interrogantes más delicados:
¿Hubo apoyo financiero ilegal de estructuras armadas a la campaña presidencial de Gustavo Petro?
Señalamientos directos a Francia Márquez y a la Dirección Nacional de Inteligencia
La polémica escaló cuando Cabal cuestionó directamente a la vicepresidenta Francia Márquez, insinuando que conoce acuerdos no revelados con las disidencias, especialmente con alias Mordisco, otro jefe de las FARC.
“Francia Márquez, al igual que Petro, involucrados en este mega-escándalo de relaciones con los terroristas de alias Mordisco”, afirmó Cabal, insinuando que decisiones recientes —como la selectividad en bombardeos contra disidencias— podrían responder a intereses políticos ocultos.
La senadora también cuestionó la actuación del director de la DNI, insinuando que el alto funcionario habría ignorado o encubierto los contactos entre miembros de su institución y alias Calarcá.
Uno de los puntos más críticos señalados por la precandidata es la suspensión de órdenes de captura contra Calarcá y otros exguerrilleros capturados en Anorí (Antioquia), decisión tomada por la Fiscalía hace más de un año bajo la dirección de Luz Adriana Camargo.
“Demandé la nulidad de la resolución que suspendió las órdenes de captura (…) ¿Por qué no se mueve este proceso ante el Consejo de Estado?”, cuestionó Cabal, sugiriendo una presunta parálisis institucional en beneficio de estructuras armadas.
Además, denunció que se habría mantenido durante un año una “verificación” de los computadores y celulares del jefe guerrillero, insinuando una demora deliberada que favoreció a Calarcá:
“¿Un año confirmando la veracidad de los computadores (…) que usted ordenó dejar en libertad?”, reclamó.
Acusaciones sobre un presunto engaño deliberado al país
Cabal fue aún más lejos al asegurar que desde el Gobierno se ha intentado ocultar información crítica a los colombianos: “Es una vergüenza que estos personajes en el gobierno traten como bobos a los colombianos”, señaló, acusando al Ejecutivo de un “silencio cómplice”.
Según la senadora, este caso no solo compromete a funcionarios individuales, sino que pone en peligro la credibilidad del Estado, la seguridad nacional y el control institucional sobre las agencias de inteligencia.
Con el Gobierno sin pronunciarse oficialmente sobre el hallazgo periodístico, María Fernanda Cabal se ha posicionado como una de las voces más firmes y críticas frente al presunto escándalo.
Mientras el país exige explicaciones y la oposición reclama investigaciones independientes, la denuncia de Cabal abre uno de los frentes más delicados y explosivos de los últimos años en materia de seguridad nacional.