La precandidata presidencial María Fernanda Cabal ha solicitado al Congreso de la República la destitución del presidente Gustavo Petro, argumentando que su elección en 2022 fue financiada con dineros ilegales y respaldada por grupos armados.
En un pronunciamiento contundente, Cabal afirmó que “Gustavo Petro debe ser destituido por indignidad” y exigió al Congreso actuar para evitar que Colombia “se siga desmoronando bajo un pacto criminal”.
Su denuncia se basa en recientes declaraciones de testigos protegidos y exguerrilleros del ELN, así como en afirmaciones previas de Iván Mordisco, comandante del Estado Mayor Central de las FARC, quienes han manifestado que respaldaron la candidatura de Petro.
“Hace unos meses el bandido de Iván Mordisco contó cómo habían apoyado la candidatura de Gustavo Petro, y hace una semana dos bandidos del ELN también contaron en una entrevista que habían apoyado la candidatura de Gustavo Petro”, expresó Cabal. “Esto en cualquier gobierno hubiera sido un escándalo”, agregó.
Cabal comparó este caso con el proceso 8000, que sacudió al país en los años 90 al demostrar la entrada de dineros del narcotráfico a la campaña presidencial de Ernesto Samper. Según la senadora, mientras en aquel entonces el escándalo llevó a una votación en la Cámara, hoy “nada avanza” pese a que la legislación en materia de indignidad presidencial es más estricta.
La precandidata también reiteró su teoría del “pacto de La Picota”, según la cual la llegada de Petro al poder se habría dado gracias a un acuerdo con líderes encarcelados, estructuras armadas ilegales y operadores políticos, que no solo aseguraron votos en distintas regiones, sino que también han protegido al gobierno de los órganos de control.
“Este es un país que aguanta demasiado”, afirmó. “La conciencia de conservar la democracia implica mantenernos firmes denunciando el bandidaje de lo que es el gobierno Petro hoy”.
Cabal también cuestionó la aparente inacción de la Fiscalía General de la Nación ante las denuncias contra el gobierno, especialmente en el caso de Ricardo Roa, actual presidente de Ecopetrol y exgerente de la campaña de Petro.
“¿Por qué la Fiscalía no actúa? ¿Por qué se demora tanto? ¿Por qué no atendió la audiencia?”, cuestionó la senadora. “Al final pareciera que esto fuera más bien un gobierno pacto de criminales”.
Por su parte, Ricardo Roa ha negado en reiteradas ocasiones cualquier irregularidad y ha asegurado que la campaña manejó sus recursos conforme a la ley.
El debate ahora se traslada al Congreso de la República. Cabal insiste en que la responsabilidad de “salvar al país” recae sobre los legisladores, quienes deben decidir si abren un proceso de destitución contra el presidente.
De confirmarse las denuncias, Colombia enfrentaría uno de los mayores escándalos políticos desde el proceso 8000. En caso contrario, el gobierno de Petro deberá responder con claridad para disipar cualquier duda sobre la legitimidad de su mandato.