La Defensoría del Pueblo emitió un llamado urgente al Gobierno nacional para que adopte medidas inmediatas de atención y protección a las comunidades afectadas por los recientes enfrentamientos armados en las zonas rurales de Briceño y Anorí, en el norte de Antioquia.
De acuerdo con la entidad, los combates entre el Frente 36 de las disidencias de las extintas Farc y miembros del Clan del Golfo han provocado desplazamientos masivos y la instalación de minas antipersonal en varios sectores.
En Briceño, con corte al 19 de octubre, 2.031 personas de 23 veredas se vieron obligadas a abandonar sus hogares, una cifra que supera la capacidad de atención del municipio. En Anorí, los enfrentamientos registrados en la vereda Los Trozos —específicamente en los sectores Tenche Limón, Tenche Salino y Taca Mocho— generaron el desplazamiento de 176 personas hacia zonas más seguras.
La Defensoría recordó que desde 2019 permanece activa la Alerta Temprana 035, que advertía el riesgo de desplazamientos, confinamientos, asesinatos y choques armados entre estructuras ilegales en esta región.
Durante la emergencia, la entidad ha participado en el Subcomité de Prevención y Protección y en el Comité de Justicia Transicional, además de mantener diálogo con lideresas y líderes sociales, las administraciones locales, la Gobernación de Antioquia y organismos de cooperación internacional.
La Defensoría rechazó las acciones violentas que ponen en riesgo a la población civil y constituyen violaciones al Derecho Internacional Humanitario (DIH), al tiempo que reiteró su llamado a garantizar asistencia humanitaria inmediata.
Esta zona del norte antioqueño ha sido históricamente disputada por grupos armados ilegales debido a su ubicación estratégica, la presencia de economías ilícitas y su función como corredor de movilidad hacia el Bajo Cauca y el nordeste del departamento.