Un nuevo escándalo político sacude a Colombia tras conocerse que más de 30 congresistas estarían siendo investigados por su presunta participación en un esquema de intercambio de favores entre el Legislativo y el Ejecutivo.
De acuerdo con información revelada recientemente, la Corte Suprema de Justicia adelanta un proceso en el que se analiza si varios parlamentarios habrían recibido contratos del Instituto Nacional de Vías (Invías) como contraprestación por respaldar las reformas impulsadas por el Gobierno del presidente Gustavo Petro. 
Una red que superaría el billón de pesos
El expediente señala que el presunto entramado de corrupción podría haber movilizado recursos superiores al billón de pesos, mediante la asignación direccionada de contratos públicos. 
Las investigaciones indican que los acuerdos habrían involucrado especialmente a miembros de las comisiones económicas del Congreso, encargadas de debatir y aprobar el Presupuesto General de la Nación.
Votos a cambio de inversión regional
Según las indagaciones, algunos congresistas habrían condicionado su apoyo a iniciativas del Gobierno a la entrega de contratos o partidas destinadas a proyectos en sus regiones. Estos recursos, canalizados a través del Invías entidad encargada de la infraestructura vial del país, habrían sido gestionados desde el Ministerio de Hacienda.
Entre las pruebas recopiladas figuran documentos, testimonios y registros que apuntan a la posible coordinación entre funcionarios del Ejecutivo y legisladores.
Investigación en curso
El caso está en manos de la Fiscalía Delegada ante la Corte Suprema y de los magistrados competentes, quienes buscan establecer el alcance real de la red y determinar responsabilidades individuales.
Este nuevo episodio se suma a otros escándalos recientes que han puesto bajo presión al Gobierno y al Congreso, en medio de un ambiente político marcado por tensiones alrededor de las reformas estructurales.