El menor de 15 años que atentó contra el senador y precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay no aceptó los cargos que le imputó la Fiscalía por tentativa de homicidio y porte ilegal de armas. El ataque, ocurrido el pasado sábado 7 de junio en el barrio Modelia de Bogotá, dejó al congresista en estado crítico. Uribe permanece hospitalizado en la Fundación Santa Fe, mientras las autoridades adelantan un fuerte operativo judicial y de seguridad para esclarecer los hechos.
Según la investigación, el menor habría aprovechado la multitud que acompañaba a Uribe en un encuentro comunitario para acercarse y dispararle con una pistola Glock 9 milímetros. Durante su intento de huida resultó herido y fue capturado en flagrancia cerca del lugar del ataque. Pese a la contundencia de la evidencia presentada por la Fiscalía, el joven no aceptó los cargos durante la audiencia de imputación. Un juez penal para adolescentes le impuso la medida de internamiento preventivo en un centro especializado.
En el momento de su detención, el menor manifestó su disposición a colaborar con las autoridades. “Póngame atención y le explico… Yo les voy a dar los números”, habría dicho, sugiriendo que no actuó solo. Estas declaraciones forman parte clave de la investigación.
El presidente Gustavo Petro confirmó que las cámaras de seguridad registraron al menor merodeando la zona durante al menos cuatro horas antes del atentado. Además, se detectó una transacción vía Nequi que podría evidenciar la existencia de un plan coordinado con otras personas.
Una decisión que ha generado controversia es la inclusión del menor y su familia en el programa de protección a testigos de la Fiscalía. Así lo confirmó la fiscal general, Luz Adriana Camargo, quien explicó que contarán con custodia policial y respaldo institucional. “Garantizaremos su seguridad y su reubicación. También se activará un plan educativo y de restauración de derechos”, señaló.
Por su parte la senadora y precandidata del Centro Democrático María Fernanda Cabal se pronuncio en redes sociales: ”¿Hasta dónde hemos llegado como sociedad? El agresor de Miguel Uribe, un criminal armado, recibe reubicación, sostenimiento, protección y hasta cambio de identidad. ¿Y la víctima? ¿Y su familia? ¿Dónde están sus garantías, su justicia, su reparación? Esta es la perversión de un sistema que dejó de proteger a los ciudadanos de bien para blindar al crimen. ¡La justicia debe ser justicia, no complicidad! La verdadera paz comienza cuando el ciudadano siente que la Ley lo protege y al delincuente lo castiga.”