La Contraloría de Bogotá ha detectado un detrimento patrimonial de $5.379 millones en los contratos de mantenimiento del sistema de videovigilancia suscritos entre 2021 y 2023, periodo correspondiente a la administración de la exalcaldesa Claudia López.
Según el informe, elaborado tras una Actuación Especial de Fiscalización, las irregularidades incluyen pagos por mantenimientos que no se realizaron, duplicidad en la facturación y cobros por cámaras que permanecieron fuera de servicio. La Secretaría Distrital de Seguridad gestionó 10 contratos por un total de $108.000 millones durante ese tiempo, pero fallas en la supervisión dejaron al 45 % de las cámaras inoperativas.
Actualmente, de las 5.824 cámaras instaladas en la ciudad, 1.789 no funcionan, afectando principalmente a localidades vulnerables como Ciudad Bolívar y Kennedy.
“Esta es la historia de nunca acabar”, expresó el concejal Andrés Barrios, del Centro Democrático. “He denunciado esta problemática todo el año. Hoy Bogotá tiene 792 cámaras dañadas, según informa la Secretaría de Seguridad”.
Por su parte, Diana Diago, concejal del mismo partido, subrayó que el 30 % de las cámaras fuera de servicio afecta gravemente la seguridad de la ciudad, siendo 814 de ellas inoperativas debido a problemas de conectividad. “Esto deja a zonas críticas de Bogotá sin vigilancia adecuada, lo que pone en riesgo a sus habitantes”, aseguró.
Ante estos hallazgos, la Contraloría remitió el caso a la Dirección de Responsabilidad Fiscal y Jurisdicción Coactiva para iniciar un Proceso de Responsabilidad Fiscal (PRF) que permita recuperar los recursos públicos y determinar los responsables.
Este escándalo pone en entredicho la gestión de seguridad en la administración de Claudia López y deja un reto importante al alcalde actual, Carlos Fernando Galán, para corregir las fallas estructurales que afectan la videovigilancia en la capital.