La Procuraduría General de la Nación exigió al Ministerio de Defensa un informe detallado sobre las acciones adoptadas frente al cierre de 3.000 locales de SuperGiros en la Costa Caribe, como consecuencia de amenazas por parte del Clan del Golfo.
La decisión de la compañía de suspender sus operaciones en la región ha afectado gravemente a los ciudadanos que dependen de sus servicios para actividades cotidianas, mientras que la intimidación y violencia ejercidas por el grupo armado ilegal continúan generando preocupación.
En un comunicado, la Procuraduría denunció que el Clan del Golfo ha empleado actos violentos, intimidación y amenazas para obligar a los empleados de SuperGiros a cesar actividades. Esto, según el organismo, no solo ha generado pérdidas económicas para la empresa, sino también un impacto directo en la seguridad y el bienestar de las comunidades afectadas.
El procurador delegado para los derechos humanos, Javier Sarmiento, destacó que las acciones de este grupo armado vulneran múltiples derechos, incluyendo el trabajo, la libre empresa y la seguridad personal de los empleados. “La acción criminal del Clan del Golfo no solo afecta los derechos de la compañía, sino también el mínimo vital y la seguridad de la población que depende de sus servicios en la Costa Caribe”, afirmó Sarmiento.
Ante esta grave situación, la Procuraduría solicitó al Ministerio de Defensa y a la Policía Nacional un plan de acción claro para proteger a la empresa y a sus trabajadores. El documento enviado enfatiza la necesidad de garantizar el derecho al trabajo y a desarrollar actividades económicas lícitas, al tiempo que se preserva la integridad de las personas involucradas.
Los recientes panfletos atribuidos al Ejército Gaitanista de Colombia, brazo del Clan del Golfo, han intensificado la presión en departamentos del Caribe como Atlántico, dificultando aún más la operación de SuperGiros y otras empresas en la región.
El país sigue a la espera de las respuestas de las autoridades y de medidas contundentes que garanticen la seguridad y estabilidad en una zona que se encuentra bajo el constante asedio de grupos armados ilegales.