El ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, remitió a la Fiscalía una denuncia anónima que llegó a sus manos en octubre pasado, la cual involucra al entorno del presidente Gustavo Petro en supuestos malos manejos relacionados con la Central Hidroeléctrica Urrá, en Córdoba. Entre los señalados se encuentran Nicolás Alcocer Petro, hijo adoptivo del mandatario, y Ricardo Roa, actual gerente de Ecopetrol.
La hidroeléctrica Urrá, una de las más importantes del país, está bajo escrutinio por múltiples investigaciones. La Secretaría de Transparencia de la Presidencia, liderada por Andrés Idárraga, abrió un expediente por presuntos sobornos a contratistas, mientras que la Procuraduría General de la Nación indaga posibles irregularidades en contratos que suman $1,4 billones.
Según las investigaciones preliminares, hasta 10 empresas habrían obtenido contratos de manera irregular. Entre las organizaciones señaladas destacan Energéticos SAS ESP y Energía y Gas ESP, vinculadas a Marisol Segura Díaz, empresaria mencionada en investigaciones previas.
Roa, quien dirige Ecopetrol, desmintió cualquier relación comercial con las empresas implicadas. Sin embargo, documentos señalan que Roa representó a Segura en asambleas de Energéticos SAS ESP en 2017, lo que ha generado cuestionamientos. Además, la compañía Windsun Energy LLC, creada en Florida en 2023 por Carlos Julián Caicedo Cano, pareja de Roa, usó como domicilio un inmueble de Segura.
Roa ha sostenido que no existe vínculo comercial y ha pedido que las investigaciones sigan su curso: “Si alguna instancia lo ve de otra manera, estoy dispuesto a que se investigue”, declaró.
La investigación sobre Urrá representa un nuevo reto para la administración de Gustavo Petro, pues también está en marcha una indagación de la Contraloría General sobre posibles pérdidas superiores a $300.000 millones en la venta de energía por contratos otorgados sin licitación.
Las autoridades continúan recopilando pruebas mientras el caso sigue escalando, con posibles implicaciones para figuras cercanas al presidente. La Fiscalía deberá determinar si las denuncias tienen fundamento y si los señalados incurrieron en actos irregulares.