En una advertencia sin precedentes, el presidente Gustavo Petro lanzó un ultimátum público a su gabinete: “Ministro que no firme el decreto presidencial de inmediato, se va”. La orden, difundida a través de su cuenta oficial en X, de esta manera el presidente presiona a sus ministros para firmar un decreto polémico que podría acarrear consecuencias penales.
El decreto en cuestión convoca a una consulta popular y, según expertos en derecho público, debe contar con la firma de todo el gabinete ministerial para tener validez jurídica. Petro, sin embargo, minimizó los reparos legales y reafirmó que su decisión debe acatarse sin dilaciones: “El poder presidencial es poder del pueblo”, escribió.
Desde la oposición, la senadora María Fernanda Cabal fue contundente: “Estoy lista y firme para denunciar a cada ministro que se atreva a firmar el decretazo de Petro”. La congresista acusó al presidente de actuar al margen de la ley y aseguró que sus decisiones ya no tienen la impunidad de la clandestinidad: “Petro se acostumbró en su vida ‘clandestina’ a no acatar la Constitución y la Ley, pero ahora es diferente y cada acción suya tiene consecuencias”.
El exfiscal general Francisco Barbosa advirtió a los ministros sobre las consecuencias legales de firmar un documento que podría ser declarado inconstitucional. “O firman y se van para la cárcel y tienen un proceso penal encima más allá del 7 de agosto del próximo año, cuando a Petro el asunto no le importe, o salen del gobierno por no firmar”, señaló Barbosa, quien calificó de “lamentable” que se exponga a los funcionarios a semejante dilema.
La presión sobre los ministros se convierte así en un punto de quiebre. Si firman, podrían enfrentar investigaciones judiciales futuras. Si se rehúsan, podrían ser apartados de sus cargos. La legalidad del decreto, el uso del poder presidencial y los límites del respaldo político están en el centro de una tormenta institucional que ya empieza a sacudir los cimientos del Gobierno.
La situación, que algunos ya califican como una crisis de gabinete, deja en evidencia la tensión creciente entre el Ejecutivo, la justicia y la oposición, en un escenario que podría escalar en las próximas horas.