La captura de una funcionaria del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec) generó preocupación durante un evento político encabezado por el expresidente Álvaro Uribe Vélez y la candidata presidencial Paloma Valencia, realizado en el municipio de Honda, Tolima.
De acuerdo con lo relatado por la propia candidata presidencial, la situación ocurrió mientras se desarrollaba la actividad política con simpatizantes del Centro Democrático. Integrantes del esquema de seguridad detectaron a una mujer que se encontraba grabando con su teléfono celular dentro del evento, por lo que procedieron a realizar una verificación preventiva.
Durante la requisa, las autoridades encontraron que la mujer portaba un arma de fuego tipo pistola calibre 25, junto con un cargador y cinco cartuchos, sin contar con el permiso correspondiente para su porte. La persona fue identificada como Mónica Fernanda Joven Urbano, de 30 años, quien posteriormente fue capturada en el lugar.
Tras conocerse el caso, se confirmó que la mujer se desempeña como funcionaria del Inpec. Según la información divulgada, al momento de los hechos no se encontraba en funciones oficiales, pues estaba fuera de servicio y en periodo de vacaciones.
El incidente provocó momentos de tensión entre asistentes y organizadores debido a la presencia de dirigentes políticos de alto perfil y al contexto de seguridad que rodea los eventos electorales en el país. Paloma Valencia narró públicamente lo ocurrido y aseguró que la reacción del equipo de seguridad permitió actuar de manera oportuna para evitar cualquier riesgo.
El Inpec emitió un pronunciamiento en el que rechazó el comportamiento individual de la funcionaria y reiteró que la entidad no autoriza ni respalda actuaciones personales que comprometan la institucionalidad. Asimismo, indicó que colaborará con las autoridades competentes para esclarecer plenamente lo sucedido.
Las autoridades judiciales avanzan ahora en la investigación para determinar las circunstancias en las que la funcionaria ingresó armada al evento político y establecer las posibles responsabilidades penales por el porte ilegal del arma. El caso se presenta en medio del ambiente preelectoral rumbo a las elecciones presidenciales de 2026, escenario en el que los esquemas de seguridad han reforzado controles en actos públicos y concentraciones políticas.