En medio de un clima político agitado por el reciente hundimiento de la propuesta de Consulta Popular, el Gobierno del presidente Gustavo Petro enfrenta un nuevo golpe: la renuncia irrevocable de la ministra de Justicia y del Derecho, Ángela María Buitrago Ruiz.
La dimisión, que será efectiva a partir del 1 de junio, fue comunicada mediante una carta dirigida al jefe de Estado. En ella, Buitrago explicó que su decisión obedece a una “profunda reflexión personal y profesional” y al deseo de actuar con coherencia frente a los principios éticos que han guiado su vida pública.
La saliente ministra denunció intentos de injerencia externa sobre el Ministerio de Justicia. “He decidido tomar esta decisión y dar un paso al costado a pesar de ser feliz en este cargo (…), puesto que en las últimas semanas se vienen realizando intentos de injerencia en la cartera que hoy dirijo”, señaló Buitrago en la misiva.
Aunque no identificó con claridad a los responsables, dejó entrever su preocupación por presiones que, según afirma, no obedecen a criterios técnicos o jurídicos. “Desconozco quiénes y con qué intereses están haciendo y/o tomando estas decisiones”, escribió. Añadió que su actuar “no depende de influencias, ni amenazas, persuasiones, ni interferencias o intereses políticos”.
Ángela María Buitrago, reconocida por su trayectoria como abogada penalista y defensora de los derechos humanos, también agradeció al presidente Petro por la confianza depositada durante su gestión. Además, se comprometió a colaborar con una transición ordenada que garantice la continuidad institucional del Ministerio.
En la parte final de su carta, hizo un llamado a no abandonar la búsqueda de la paz: “Deseo que la paz se materialice. Después de 60 años de conflicto armado, muchas personas han muerto por ello y más lo harán si no se concreta”.
Las denuncias realizadas por Buitrago abren un nuevo frente para el Gobierno, en momentos en que se multiplican los cuestionamientos sobre las dinámicas internas del gabinete y los equilibrios de poder. Algunos sectores han pedido que se investiguen a fondo las presiones denunciadas, señalando que podrían constituir actos indebidos de interferencia política
