Por: Eliana Úsuga
Imaginemos por un momento que un hogar colombiano promedio tiene ingresos de $2 millones al mes, pero gasta $9 millones. Encima, debe plata al banco, al vecino, al del arriendo, y todavía se da el lujo de irse de viaje. Parece absurdo, ¿cierto? Bueno, eso, a gran escala, es lo que está pasando con el Estado colombiano.
El déficit fiscal del país, es decir, la diferencia entre lo que el gobierno gasta y lo que realmente tiene, se disparó: pasamos de un 4,2% del PIB en 2023 a un alarmante 6,7% en 2024.
Hablemos de las deudas. Hoy el Estado arrastra obligaciones millonarias con sectores clave para el bienestar de todos. A las EPS les debe más de $20 billones, una cifra que compromete gravemente la atención médica en todo el país: si no hay plata, no hay salud, así de claro. A las gestoras farmacéuticas les adeuda alrededor de $4 billones, lo que pone en riesgo el suministro de medicamentos para millones de pacientes. Y a los prestadores de servicios de energía y gas, el gobierno les debe al menos $8 billones, una bomba de tiempo que podría traducirse en apagones, interrupciones en el servicio o aumentos en las tarifas para los usuarios.
La plata no alcanza, y el hueco es tan grande que el Ministerio de Hacienda ahora propone que las grandes empresas paguen por adelantado el impuesto de renta de 2026 para cubrir el déficit de 2025. Literalmente, están tratando de tapar un hueco con el dinero del futuro. O como diría la abuela: están matando el marrano antes de que engorde.
Y por si fuera poco, el presidente Gustavo Petro ha sacado una carta más: decretar una emergencia económica y sanitaria. Esto suena grave, y lo es, porque le permitiría tomar decisiones extraordinarias sin necesidad de pasar por el Congreso. Es decir, podría expedir decretos con fuerza de ley, mover partidas presupuestales, crear nuevos impuestos o modificar los existentes, todo sin debate. ¿La razón de fondo? Cuadrar caja.
Porque el Estado, simplemente, no tiene plata. Según datos del Banco de Bogotá, en abril de 2025 el gobierno cuenta con una caja de $6,6 billones, pero sus gastos mensuales son de $30 billones. Pero ojo, mientras tanto, el Gobierno sí tuvo cómo gastar más de $49.000 millones en una “Casa Colombia” en Japón, en total 60 mil millones en un proyecto diplomático que incluye otras dos “Casas” más. ¿Qué tal? Endeudados, hospitales colapsando, usuarios sin medicamentos, regiones sin energía… pero eso sí, ¡con representación elegante en Tokio!
Lo más delicado de todo es que este descalabro no parece fruto de una tragedia inesperada, sino de una planificación económica fallida y una administración desconectada de las prioridades del país. Y eso que Gustavo Petro es economista. Pero viendo cómo están manejando las cuentas, más bien parece que se saltó la clase de presupuesto.
Esta emergencia no solo es económica. Es institucional, ética y política. Porque detrás de las cifras frías hay gente real: niños sin tratamientos, usuarios sin energía, pacientes sin medicamentos, familias sin subsidios. Colombia no puede con más improvisación ni más deudas, hay que priorizar lo que realmente importa: la gente.
Porque si el Estado no tiene caja para gobernar y lo poco que hay lo malgasta, entonces lo que está en juego ya no es un presupuesto, es la gobernabilidad misma