La senadora del María Fernanda Cabal rechazó con firmeza la denuncia penal presentada en su contra por el ministro de Justicia, Andrés Idárraga, quien la acusó del presunto delito de menoscabo de la integridad nacional por sus declaraciones sobre una eventual cooperación militar de Estados Unidos en Colombia.
La acción judicial fue radicada ante la Corte Suprema de Justicia, y también involucra a otros congresistas de oposición. Idárraga, que además se desempeña como secretario de Transparencia de la Presidencia, sostuvo que los pronunciamientos de los legisladores constituirían “hechos de hostilidad” ajenos a las funciones del Congreso y que, según su criterio, romperían la inviolabilidad parlamentaria.
Frente a esta acusación, Cabal calificó la denuncia como un intento de censura política y advirtió que el Gobierno estaría utilizando el aparato judicial para silenciar a la oposición. “No existe el delito de opinión. Lo que estamos viendo es un intento más del gobierno de Gustavo Petro de intimidar a quienes piensan distinto”, afirmó la senadora a través de sus redes sociales.
La congresista cuestionó que la denuncia se sustente en el artículo 455 del Código Penal y aseguró que su aplicación en este caso representa una amenaza directa a la libertad de expresión y al debate democrático. “Ninguna crítica o propuesta que disienta del gobierno puede ser tratada como un delito. Hoy somos tres congresistas; mañana puede ser cualquier ciudadano que alce la voz”, advirtió.
Cabal insistió en que expresar opiniones sobre seguridad, cooperación internacional o lucha contra el narcotráfico no equivale a traicionar la soberanía, sino a ejercer el derecho constitucional al control político y a la deliberación pública.
La denuncia del Ministerio de Justicia se da en un contexto de alta tensión política, marcado por las declaraciones del presidente estadounidense Donald Trump sobre la posibilidad de acciones más contundentes contra el narcotráfico en la región, así como por el reciente operativo en Venezuela que terminó con la captura de Nicolás Maduro.
A este escenario se sumó otra denuncia penal presentada por el ministro de Trabajo, Antonio Sanguino, contra varios congresistas de oposición por supuestamente avalar una intervención extranjera. Para Cabal, estas acciones confirman una estrategia de judicialización del debate político, que busca deslegitimar a quienes cuestionan al Ejecutivo.
La senadora reiteró que no se retractará de sus posiciones y defendió su derecho —y el de toda la oposición— a opinar, criticar y proponer sin temor a represalias judiciales. “Defender la democracia implica permitir el disenso. Penalizar la opinión es propio de regímenes autoritarios, no de un Estado de derecho”, concluyó.