En cuestión de , horas, Ecuador y Colombia activaron una cadena de represalias que ahora no solo golpea al comercio, sino también a sectores estratégicos como la energía eléctrica y el petróleo.
El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, anunció un arancel de seguridad del 30 % a todos los productos colombianos que ingresen al país. La medida, que entrará en vigencia en febrero, fue justificada por el Gobierno ecuatoriano con argumentos relacionados con la seguridad en la frontera y la necesidad de proteger su balanza comercial.
La respuesta de Colombia no se hizo esperar. El Gobierno de Gustavo Petro anunció la suspensión temporal de la exportación de energía eléctrica hacia Ecuador, una decisión que, según explicó, busca priorizar el consumo interno y proteger la estabilidad del sistema eléctrico colombiano ante escenarios de menor generación y mayor presión sobre la oferta.
Pero la réplica fue más allá. Petro también impuso un gravamen aduanero del 30 % a la importación de al menos 20 productos ecuatorianos. Aunque no se detalló la lista completa, el Gobierno advirtió que el número de bienes afectados podría aumentar si el conflicto comercial se intensifica.
En ese contexto, Ecuador volvió a mover ficha. En un breve pero contundente mensaje, la ministra de Ambiente y Energía, Manzano, anunció que el país aplicará un principio de reciprocidad al transporte del crudo colombiano por el Oleoducto de Crudos Pesados (OCP), una infraestructura clave para la exportación petrolera de Colombia.
“Ecuador prioriza su seguridad en fronteras, su balanza comercial, así como su seguridad energética. La tarifa de transporte del crudo colombiano por el OCP tendrá la reciprocidad recibida en el caso de electricidad”, afirmó la funcionaria, dejando claro que las represalias ya no se limitan al comercio de bienes.
Desde el Gobierno colombiano se reiteró que las medidas adoptadas responden a la “alteración de las condiciones del intercambio comercial”, luego de que Ecuador impusiera de forma unilateral el arancel del 30 %, aludiendo a una supuesta falta de cooperación en materia de seguridad.
Con aranceles cruzados, energía suspendida y ahora el petróleo en la mira, la relación entre Ecuador y Colombia atraviesa uno de sus momentos más tensos en años. Mientras ninguno de los dos gobiernos da señales de dar marcha atrás, el pulso amenaza con escalar y afectar de lleno a empresarios, consumidores y al equilibrio energético de la región.