Un informe de la Unidad Investigativa de Noticias Caracol, replicado posteriormente por Infobae, puso de nuevo en el centro del debate político al Gobierno del presidente Gustavo Petro, luego de revelar grabaciones sobre presuntos acercamientos entre Jorge Lemus, entonces director de la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI), y el abogado de Diego Marín Buitrago, alias “Papá Pitufo”, señalado como uno de los mayores contrabandistas del país. Según el reporte, en esos encuentros también quedarían al descubierto contactos de varios supuestos emisarios que habrían actuado en nombre del Gobierno para buscar una eventual entrega de Marín a las autoridades colombianas. 
De acuerdo con la investigación periodística, las reuniones entre Lemus y el abogado Luis Felipe Ramírez se habrían realizado a comienzos de 2025, en medio del escándalo por el presunto intento de infiltración de dineros del contrabando a la campaña presidencial de Petro. Noticias Caracol aseguró haber tenido acceso a dos grabaciones, una de ellas del 26 de febrero de 2025, en las que se escucharían ofrecimientos de beneficios judiciales, conversaciones sobre garantías de seguridad y referencias a información sensible que alias “Papá Pitufo” supuestamente tendría sobre personas cercanas al Ejecutivo. 
El informe sostiene que, antes de que cualquier autoridad judicial tuviera contacto formal con Marín, al menos cuatro emisarios se habrían comunicado con él o con su entorno presentándose como delegados del Gobierno. Entre los nombres mencionados en la investigación aparecen Ramón Devesa, descrito como un allegado al petrismo desde la campaña; Isaac Beltrán, exasesor de la Uiaf; Augusto Rodríguez, director de la UNP; y Gloria Arias, abogada defensora del señalado contrabandista. Infobae añadió que, según las grabaciones reseñadas por Noticias Caracol, parte de esos contactos se habrían producido cuando Marín permanecía fuera del país, a la espera de una decisión sobre su solicitud de asilo en Portugal. 
Uno de los elementos más delicados del reporte es el papel atribuido a Jorge Lemus. Según Noticias Caracol, en los audios se escucharía al entonces jefe de inteligencia hablando de una eventual entrega de Marín y de la posibilidad de que este declarara “contra quien se le dé la gana”, lo que abrió cuestionamientos sobre un posible desbordamiento de funciones, al tratarse de gestiones que, en principio, corresponden a la Fiscalía. La propia fiscal general Luz Adriana Camargo advirtió, en declaraciones citadas por los medios, que encuentros de esa naturaleza podrían configurar una usurpación de funciones, al considerar que cualquier negociación de este tipo debe estar en cabeza del ente acusador. 
La investigación también volvió a poner sobre la mesa el episodio del presunto ingreso de recursos de alias “Papá Pitufo” a la campaña presidencial de 2022. En su respuesta a Noticias Caracol, Lemus afirmó que él y Augusto Rodríguez ayudaron a frenar el ingreso de 10.000 millones de pesos, y sostuvo que el entonces candidato Gustavo Petro ordenó no recibir ese dinero al enterarse de que provenía de un contrabandista. Esa versión se conecta con el debate político abierto desde comienzos de 2025 sobre supuestos intentos de infiltración de dineros ilegales a la campaña del hoy presidente. 
En sus descargos, sin embargo, Lemus y el abogado Ramírez ofrecieron versiones distintas sobre el origen de los contactos. Lemus dijo a Noticias Caracol que fue el abogado de Marín quien lo buscó y sostuvo que esas reuniones contaron con aval presidencial, aunque aseguró que el objetivo era acercar a Marín para que se entregara y dejar claro que ni él ni el presidente podían decidir sobre su libertad. Ramírez, por su parte, afirmó por mensaje de texto al medio que las reuniones fueron convocadas por un delegado del Gobierno y que también tuvieron el aval directo del presidente Petro. 
Frente al escándalo, el presidente Gustavo Petro fijó su posición a través de su jefe de prensa. Según la versión citada por Infobae y Noticias Caracol, el mandatario sostuvo que cualquier contacto de inteligencia con Marín tuvo como “único y exclusivo propósito” lograr su regreso a Colombia para que respondiera ante las autoridades. Al mismo tiempo, aseguró que algunos agentes habrían aprovechado esos acercamientos para pedir dinero, conducta que según dijo no estaba permitida. Petro también afirmó creer que existió un supuesto pacto entre fiscales y directores de inteligencia para evitar que Marín fuera traído al país.
Las revelaciones han abierto un nuevo frente de controversia sobre el alcance de las funciones de los organismos de inteligencia, la legalidad de los acercamientos sostenidos con el entorno de alias “Papá Pitufo” y las implicaciones políticas que podría tener este caso para el Gobierno en la recta final del mandato. Por ahora, el episodio deja varias preguntas abiertas: quién autorizó realmente las reuniones, qué papel jugaron los supuestos emisarios, qué información tendría Marín sobre el entorno presidencial y si las gestiones adelantadas cruzaron o no la frontera de la legalidad.