El fallo que condenó al exsubdirector del DAS revive viejos señalamientos sin pruebas contra el expresidente, ignorando evidencias, contextos y decisiones judiciales previas.
Una vez más, el expresidente Álvaro Uribe Vélez es objeto de lo que él mismo calificó como una “compulsa política” basada en declaraciones falsas y contradicciones flagrantes. En el marco del fallo que condenó al exsubdirector del DAS, José Miguel Narváez, por el secuestro de la exsenadora Piedad Córdoba, un juzgado de Medellín ordenó compulsar copias para investigar a Uribe y a su hermano Santiago Uribe por el asesinato de los abogados Jesús María Valle y Eduardo Umaña Mendoza.
La decisión, tomada por el Juzgado Tercero Penal del Circuito Especializado de Medellín, se fundamenta principalmente en un testimonio rendido por un exparamilitar asesinado en 1999, quien involucró al entonces gobernador de Antioquia en una supuesta reunión en 1997. No obstante, esa misma declaración ya había sido desacreditada hace años por la Fiscalía General de la Nación, que la consideró falsa e inverosímil por contener errores cronológicos y logísticos que no resisten el más mínimo análisis.
A través de un comunicado, el expresidente Uribe cuestionó con vehemencia la decisión del juzgado y denunció motivaciones políticas detrás del fallo: “Qué rabia política en fallos contra mí. Basta ver las personas que supuestamente estábamos en esa reunión, además del sitio, para concluir —como concluyó la Fiscalía en su momento— que esa declaración fue mentirosa”, expresó.
Uribe recordó que el supuesto encuentro mencionado por el testigo, en el que se habrían planificado crímenes contra defensores de derechos humanos, jamás pudo haber ocurrido:
- El testigo mencionó como asistente al General Manosalva, quien ya había fallecido para la fecha del encuentro.
- Ubicó la reunión en La Caucana, un lugar que el propio Uribe nunca visitó durante su gobernación y donde, además, solo se podía acceder en helicóptero por razones de seguridad. El testigo afirmó que Uribe llegó en un campero Nissan, lo cual es materialmente imposible.
- Señaló que Uribe estaba buscando a un primo secuestrado, pero nunca existió tal secuestro.
- Confundió a Santiago Uribe con otro individuo apodado “El Pecoso”.
“Estas no son simples inconsistencias, son mentiras deliberadas. Villalba incluso fue desmentido por la Fiscalía y, pese a eso, hoy nuevamente se trata de sembrar dudas para dañar mi reputación y manipular la justicia con fines políticos”, agregó Uribe.
La defensa del expresidente también señala que la jueza que compulsó las copias estaría influenciada por antiguos miembros del M-19, organización de la que formó parte Pinilla Cogollo, mentor de la jueza y declarado opositor de Uribe desde su juventud.
La compulsa ocurre justo en momentos donde sectores políticos buscan reabrir procesos cerrados o sin mérito, utilizando la figura de Uribe para redirigir el debate nacional y restar atención a la grave crisis institucional y de seguridad que vive el país.
Curiosamente, la propia Corte Interamericana de Derechos Humanos, en su fallo sobre el asesinato del abogado Jesús María Valle, no hizo mención alguna al expresidente Álvaro Uribe Vélez, un detalle que refuerza la inconsistencia de los nuevos señalamientos.
“¿Por qué aparecen ahora nuevas versiones sobre una reunión imposible? ¿Por qué la jueza trae datos distintos a los de Villalba? ¿Por qué la justicia insiste en perseguir a quien fue gobernador y presidente enfrentando el terrorismo con firmeza?”, se preguntó Uribe.
Mientras tanto, el exsubdirector del DAS, José Miguel Narváez, fue condenado a 28 años de prisión por el secuestro de Córdoba. Curiosamente, fue Álvaro Uribe quien, siendo presidente, lo retiró del cargo a solicitud del entonces director del DAS, mostrando una vez más que no encubría ni protegía a funcionarios cuestionados.
Este nuevo intento de involucrar al expresidente Uribe en crímenes atroces parece más un episodio de persecución judicial que una acción basada en evidencias sólidas. Las inconsistencias del testimonio, la falta de mención en fallos internacionales y la manipulación de los hechos indican que se está utilizando la justicia como arma política, una práctica peligrosa para la democracia y el Estado de Derecho.
Uribe ha enfrentado múltiples acusaciones y, hasta el momento, ninguna ha prosperado judicialmente. Sin embargo, sus detractores parecen más interesados en desgastarlo políticamente que en buscar la verdad.