La senadora y precandidata presidencial María Fernanda Cabal presentó una demanda de nulidad por inconstitucionalidad contra el Decreto 639 del 11 de junio de 2025, mediante el cual el Gobierno Nacional convoca a una consulta popular sobre la reforma laboral, sin contar con el aval del Senado de la República.
La acción judicial fue radicada ante el Consejo de Estado, argumentando que el decreto fue expedido en contravía del artículo 104 de la Constitución Política, que exige el concepto previo y favorable del Senado para este tipo de mecanismos de participación. El pasado 14 de mayo, el Senado había rechazado formalmente la solicitud del presidente Gustavo Petro para convocar dicha consulta.
“Defender la democracia no es una alternativa, es un deber. La Constitución no es un obstáculo: es el límite que protege la libertad. Cuando un presidente actúa por encima de la ley, se convierte en un riesgo para el Estado de Derecho”, afirmó la senadora Cabal al anunciar la demanda.
Además de la nulidad, la senadora solicitó la suspensión provisional del Decreto 639 como medida cautelar, con el fin de evitar que avance un proceso que, vulnera la separación de poderes y la legalidad del sistema democrático colombiano.
La demanda alega que el Gobierno carece de competencia para convocar una consulta sin aprobación legislativa, usurpa funciones propias del Congreso, quebranta el principio de legalidad y el equilibrio institucional.
A esta acción judicial se suma el respaldo del Centro Democrático, partido que radicó por su cuenta demandas adicionales en representación del senador Miguel Uribe, también contra el decreto presidencial, al que califican como un “decretazo”.
Asimismo, se informó que se presentaron denuncias penales por prevaricato contra el presidente Petro y sus ministros ante la jurisdicción competente.
Con esta ofensiva jurídica, la oposición busca frenar lo que considera un intento del Ejecutivo por avanzar en reformas estructurales sin cumplir los procedimientos constitucionales, y reafirma su posición en defensa del Estado de Derecho