Una denuncia pública difundida en la red social X por el abogado Sergio Mesa puso bajo escrutinio el funcionamiento de la Unidad de Trabajo Legislativo (UTL) de la senadora Berenice Bedoya, tras revelar presuntos cobros indebidos a asesores, presiones laborales y la existencia de contratistas que figuraban en nómina sin desempeñar funciones reales.
Según Mesa, quien asegura haber trabajado como asesor entre marzo de 2024 y diciembre de 2025, su permanencia en el cargo habría estado condicionada a la entrega de un porcentaje de su salario a familiares de la congresista. En su publicación afirmó: “Yo fui recomendado por la senadora (…) quien me condicionó a pagar $4 millones al entonces yerno (…) y luego $2,5 millones a su hija”.
El abogado señaló que inicialmente accedió a las condiciones, pero decidió suspender los pagos por razones éticas. “En noviembre de 2024 corté con esa situación, lo cual me estaba generando un conflicto de principios”, escribió. De acuerdo con su relato, tras negarse a continuar con las entregas de dinero, habría recibido llamadas para que renunciara o cambiara su modalidad de vinculación.
“Debía renunciar a mi contrato y ser nombrado en libre nombramiento y remoción (…) nunca cedí”, sostuvo, al insinuar que la modificación contractual facilitaría su salida del equipo de asesores.
Además, Mesa denunció la supuesta existencia de asistentes que figuraban en la nómina sin cumplir funciones efectivas. “Las asistentes (…) eran ‘fantasmas’. Jamás las vi en reuniones virtuales y tampoco en Bogotá”, publicó. De comprobarse, estos hechos podrían configurar irregularidades fiscales por el uso de recursos públicos sin contraprestación real.
Posible delito de concusión
Desde el punto de vista penal, las conductas descritas podrían encuadrarse en el delito de concusión, tipificado en el artículo 404 del Código Penal colombiano. Esta figura se configura cuando un servidor público, abusando de su cargo, constriñe o induce a alguien a entregar dinero u otra utilidad indebida. La pena prevista oscila entre 96 y 180 meses de prisión, además de multas e inhabilidad para ejercer funciones públicas.
Hasta el momento, la senadora Berenice Bedoya no se ha pronunciado públicamente sobre las acusaciones. Tampoco se conocen actuaciones formales de los órganos de control frente a la denuncia.
Antecedentes recientes en el Congreso
El caso se da en medio de un creciente escrutinio sobre el manejo de recursos en las UTL del Congreso. La Corte Suprema de Justicia adelanta investigaciones contra los congresistas David Racero y Carlos Carreño por hechos similares relacionados con presuntos cobros indebidos a miembros de sus equipos de trabajo.
En esos procesos, el alto tribunal ha advertido que exigir pagos aprovechando la posición de autoridad podría configurar concusión, reforzando la preocupación institucional sobre el manejo de recursos públicos destinados al funcionamiento legislativo.
La gravedad de los señalamientos reabre el debate sobre la transparencia en el Congreso y la responsabilidad penal, disciplinaria y fiscal de los servidores públicos que administran recursos del Estado. Mientras no haya pronunciamientos oficiales, las acusaciones permanecen en el terreno de la denuncia pública, pero podrían derivar en investigaciones formales en los próximos días.