La senadora y candidata presidencial del Centro Democrático Paloma Valencia lanzó una grave denuncia contra el Ministerio de Igualdad y Equidad, al advertir la existencia de un “fondo paralelo” que habría sido utilizado para contratar de manera directa, sin licitación y por derecho privado, miles de personas y operadores logísticos en plena antesala de las elecciones de 2026.
Según denuncia la congresista, dicho fondo —adscrito a MinIgualdad— habría destinado $70.582 millones en cuatro contratos con la empresa Laborando S.A.S., con el objetivo de vincular más de 3.304 trabajadores temporales entre septiembre de 2025 y mayo de 2026. El grueso de estas contrataciones estaría concentrado en el programa Jóvenes en Paz, con 3.146 personas, además de contratos para el Sistema de Violencia Basada en Género, el programa Agua es Vida y la gestión operativa del Fondo, en varios casos sin especificar el número de personas a contratar.
Valencia alertó que este esquema genera una duplicidad de funciones y un crecimiento desbordado de la burocracia. A noviembre de 2025, MinIgualdad contaba con 191 contratistas y 541 funcionarios, ninguno de carrera administrativa, mientras que el Fondo había vinculado 308 contratistas adicionales para cumplir funciones propias del Ministerio. Con la nómina temporal, el tamaño real del Fondo sería 493% superior al del Ministerio, pese a que MinIgualdad ejecutó $56.195 millones para toda su nómina entre enero y noviembre de 2025, una cifra inferior a lo gastado por el Fondo en solo seis meses.
La senadora también denunció que el Fondo firmó dos contratos de operadores logísticos para la realización de eventos por $68.949 millones, igualmente bajo contratación privada, con anticipos del 20% y 30%, equivalentes a más de $15.000 millones, sin que se conociera el número de eventos ni el costo por actividad.
De acuerdo con Valencia, estos contratos debieron ser suscritos directamente por el Ministerio, pero se usó el Fondo como intermediario para evadir la Ley 80 y permitir la contratación a dedo. “El Fondo contrató a ciegas, sin saber cuántos eventos se iban a realizar ni cuánto costaría cada uno”, advirtió.
Otro de los puntos más críticos señalados es la falta de transparencia. La congresista aseguró que durante dos años el Fondo no publicó contratos en el SECOP, y que solo lo hizo en diciembre, tras su advertencia en el Congreso. A la fecha, afirmó, no están publicadas facturas, anexos técnicos, informes de supervisión ni las propuestas de los contratistas, lo que calificó como un intento deliberado de ocultamiento.
Según Paloma, el programa Jóvenes en Paz se habría convertido en la “excusa perfecta” para justificar un despilfarro de recursos públicos en plena coyuntura electoral. “Usaron a los jóvenes durante las elecciones, pero los verdaderos beneficiarios son los contratistas y políticos cercanos al Gobierno”, afirmó.
Finalmente, la senadora calificó la situación como una “vergüenza” y pidió un seguimiento urgente por parte de la Contraloría General de la República y la Procuraduría General de la Nación, al considerar que existen indicios de un manejo irregular de recursos públicos y de un uso político de la contratación estatal en MinIgualdad.