La candidata presidencial Paloma Valencia solicitó este lunes el acompañamiento de organismos internacionales para vigilar el desarrollo de las próximas elecciones en Colombia, al advertir posibles presiones de grupos armados ilegales sobre los votantes en varias regiones del país.
La petición fue elevada formalmente ante la Organización de las Naciones Unidas, la Corte Interamericana de Derechos Humanos y el Departamento de Estado de Estados Unidos, con el objetivo de que estas instancias realicen un seguimiento especial al proceso electoral y contribuyan a garantizar comicios libres y transparentes.
Según Valencia, la preocupación se intensificó tras la suspensión de órdenes de captura contra 23 integrantes de grupos criminales, una decisión adoptada por la Fiscalía a solicitud del Gobierno cuando faltan apenas dos meses para las elecciones. A juicio de la candidata, esta medida podría convertirse en una herramienta de presión política en territorios con fuerte presencia de estructuras ilegales.
La dirigente política sostuvo que, aunque no se trata de personas condenadas y luego liberadas, el mensaje que se envía tanto a la ciudadanía como a los grupos armados resulta inquietante. En ese sentido, cuestionó la política de “Paz Total” del Gobierno y afirmó que, lejos de debilitar a las organizaciones criminales, terminó fortaleciendo su capacidad de influencia territorial y política.
Valencia también advirtió sobre un deterioro de la seguridad en el país. Señaló que el secuestro habría aumentado 336% durante el actual Gobierno y aseguró que en 2025 se registraron 698 víctimas, la cifra más alta desde 2006. En su opinión, Colombia retrocedió cerca de dos décadas en la lucha contra este delito y hoy varias regiones vuelven a ser escenario de alto riesgo para la población.
En materia de orden público, la candidata afirmó además que los hechos de terrorismo crecieron 119% frente a 2021, alcanzando niveles que no se veían desde 2003. Sumó a ello que los grupos armados ilegales tendrían cerca de 27.000 hombres en armas, con un incremento de 5.000 integrantes solo en 2025, lo que calificó como una de las peores cifras de las últimas dos décadas.
Sobre narcotráfico, Valencia expresó preocupación por el crecimiento de los cultivos de coca y de la producción de droga. Según dijo, el país estaría cerca de las 300.000 hectáreas cultivadas y superaría las 3.001 toneladas métricas, una situación que, en su criterio, favorece económicamente a los grupos ilegales vinculados a la política de “Paz Total”. También cuestionó la baja relación entre producción e incautación, al considerarla una muestra de ineficacia estatal.
“La comunidad internacional debe monitorear de cerca estas elecciones. Los grupos armados presionarán a los colombianos para robarles el voto”, afirmó la candidata, quien también aseguró que no es casual que algunos sectores políticos hayan obtenido resultados en zonas históricamente golpeadas por la violencia.
Finalmente, Valencia sostuvo que la suspensión de órdenes de captura hace parte de una decisión articulada que podría impactar el proceso electoral. Señaló que su proyecto político buscará enfrentar a los violentos, recuperar el control del territorio y devolver la tranquilidad a los ciudadanos.