La senadora antioqueña Paola Holguín publicó una columna de opinión en la que denuncia lo que considera una grave politización de la justicia en el juicio contra el expresidente Álvaro Uribe Vélez, actualmente en su tercera semana de audiencias. Según Holguín, este proceso judicial es una muestra de “lawfare”, término que hace referencia al uso de procedimientos legales como herramienta de persecución política.
Holguín recordó que el caso tuvo su origen en 2012, cuando el entonces senador Uribe denunció a Iván Cepeda por manipulación de testigos. Sin embargo, el proceso terminó revirtiéndose en su contra, derivando en lo que la senadora califica como una serie de irregularidades procesales. Entre estas menciona la interceptación de conversaciones entre el expresidente y su abogado sin orden judicial y el rechazo a múltiples solicitudes de preclusión por parte de la Fiscalía General de la Nación.
Además, la senadora cuestiona la credibilidad de los testigos principales del caso, entre ellos Guillermo Monsalve, su expareja Deyanira Gómez—quien, según Holguín, tiene vínculos con las FARC—y Enrique Pardo Hasche, quien recientemente afirmó haber sido presionado para incriminar a Uribe.
Otro de los puntos críticos mencionados en la columna es la presunta falta de imparcialidad de las autoridades que llevan el caso. Holguín señala que la fiscal Marlenne Orjuela fue subordinada de Eduardo Montealegre, reconocido como víctima en el proceso, mientras que la Fiscal General, Luz Adriana Camargo, ha estado vinculada a sectores políticos adversos a Uribe. En cuanto a la jueza Sandra Heredia, la senadora recuerda que esta presentó una demanda contra la Nación durante el Gobierno Uribe, lo que, en su opinión, pone en entredicho su objetividad.
Las audiencias, que han sido transmitidas en vivo, han mostrado, según la senadora, inconsistencias en los testimonios y comportamientos cuestionables por parte de los acusadores. Como ejemplo, menciona las imágenes en las que se observa a Iván Cepeda presuntamente guiando con señas a la testigo Deyanira Gómez mientras respondía sus declaraciones.
Holguín concluye su columna alertando sobre el deterioro institucional que este caso representa y el impacto negativo en la confianza de los ciudadanos en la justicia. Según cifras de la encuestadora INVAMER, la desfavorabilidad del sistema judicial en Colombia alcanza el 75% en febrero de 2025, y los procesos contra la Nación por errores judiciales suman pretensiones cercanas a los 23,5 billones de pesos. Para la senadora, este juicio no solo afecta a Uribe, sino que también debilita el Estado de Derecho en el país.