La senadora Paola Holguín radicó una denuncia penal contra la congresista Isabel Cristina Zuleta López ante la Corte Suprema de Justicia, por presunto abuso de función pública. Según el documento dirigido al magistrado César Augusto Reyes, presidente de la Sala de Instrucción, Holguín acusa a Zuleta de extralimitarse en sus funciones al solicitar al INPEC el traslado de nueve cabecillas de estructuras criminales para asistir a un evento público del presidente Gustavo Petro en Medellín.
De acuerdo con la denuncia, Zuleta, en su calidad de senadora y representante del Gobierno en la Mesa de Diálogo con estructuras criminales de Medellín y el Valle de Aburrá, solicitó al INPEC la remisión de los presos, entre ellos alias ‘Tom’, alias ‘Carlos Pesebre’ y otros jefes delincuenciales, para participar en el acto realizado el 21 de junio en la plazoleta de La Alpujarra.
Holguín argumenta que, si bien Zuleta fue designada como coordinadora para la Construcción de Paz Urbana mediante resolución presidencial, no tenía facultades legales ni constitucionales para tramitar un permiso de traslado de personas privadas de la libertad, función que corresponde exclusivamente a jueces de ejecución de penas.
“La solicitud de la senadora Zuleta, que terminó convirtiéndose en orden para el INPEC, desconoció gravemente los límites de sus funciones como congresista y representante del Gobierno. Ninguna norma le otorga atribuciones para incidir en el estatus jurídico o condiciones de reclusión de los presos”, señaló Holguín en la denuncia.
La congresista del Centro Democrático sustentó su acusación en el artículo 428 del Código Penal, que tipifica el delito de abuso de función pública con penas de hasta tres años de prisión e inhabilidad para ejercer cargos públicos. Además, citó jurisprudencia de la Corte Suprema que establece que este delito se configura cuando un servidor público asume funciones asignadas por ley a otro funcionario.
La denuncia se suma a las críticas que ha generado el evento de Petro en Medellín, donde los cabecillas criminales, que purgan condenas en la cárcel de máxima seguridad de Itagüí, compartieron tarima con el mandatario y otros funcionarios. Para Holguín, este hecho “traspasa los límites del diálogo para la paz” y representa un “grave precedente de impunidad y desinstitucionalización”.