Con las elecciones nacionales en marcha y la proximidad de campañas electorales locales, las autoridades en Colombia han intensificado las advertencias a los funcionarios públicos para que no utilicen sus cargos ni recursos del Estado con fines políticos, una conducta que puede acarrear sanciones disciplinarias, inhabilidades y hasta investigaciones penales.
La Procuraduría General de la Nación recordó recientemente, a través de una directiva, que las normas que rigen el servicio público prohíben a los funcionarios utilizar su cargo para participar en actividades o controversias políticas, influir en procesos electorales o presionar a subalternos y ciudadanos a respaldar campañas.
Lo que específicamente está prohibido
Según la Procuraduría, los servidores públicos no deben:
- Utilizar la autoridad de su cargo para participar en actividades de partidos o movimientos políticos.
- Acosar, presionar o influir en subalternos o ciudadanos para que apoyen causas o campañas.
- Usar recursos, información o elementos del servicio público para hacer proselitismo.
- Exonerarse de sus deberes legales alegando “participación política”.
Estas obligaciones buscan garantizar la neutralidad, imparcialidad y equidad en el desarrollo del proceso electoral, evitando que la posición de poder otorgada por el Estado sea usada para favorecer indebidamente a un candidato o movimiento.
Consecuencias claras para quienes infringen la norma
Los funcionarios que participen de forma ilegal en política pueden enfrentarse a una combinación de:
- Sanciones disciplinarias como suspensión o destitución del cargo.
- Inhabilidad para ejercer funciones públicas por varios años.
- Investigaciones penales si hay uso indebido de recursos o constreñimiento electoral.
- Daño reputacional y pérdida de confianza ciudadana.
Desde el Ministerio Público se ha señalado que cualquier servidor que “se descarrile y rompa los límites establecidos será objeto de la máxima sanción por mala conducta”.