La concejal de Medellín, Paulina Suárez, destacó los avances logrados en la lucha contra la explotación sexual infantil durante su intervención en un espacio de diálogo con organizaciones, funcionarios y actores de la sociedad civil.
Suárez resaltó la importancia de mantener la fortaleza de las organizaciones y el trabajo articulado entre distintos sectores para enfrentar esta problemática. En su discurso, subrayó que, aunque hay diferencias en los enfoques, el objetivo común es claro: erradicar la explotación sexual de niños y adolescentes en la ciudad.
Uno de los puntos más relevantes que mencionó la concejal fue la inclusión de un indicador de resultado en el Plan de Desarrollo de la actual administración, el cual permite medir las denuncias relacionadas con delitos de explotación sexual. Esto, según Suárez, es un paso significativo, ya que históricamente a las administraciones les ha costado asumir la medición de la victimización.
“Cuando uno le pierde miedo a la denuncia, a las cifras reales, puede tomar acciones más contundentes”, afirmó la concejal.
Además, alertó sobre un patrón que se repite en la ciudad: las víctimas de explotación sexual infantil provienen siempre de las mismas comunas, lo que indica que la concentración de niños y adolescentes en ciertas zonas está directamente relacionada con la vulnerabilidad ante este delito.
Entre los avances alcanzados, Suárez mencionó el fortalecimiento de organismos de seguridad y justicia, así como la creación de un equipo especializado contra la explotación sexual y la trata de personas. Gracias a este trabajo, se han logrado 27 inadmisiones, 56 expulsiones, 88 deportaciones y la extinción de dominio de seis hoteles, un parqueadero y un inquilinato utilizados para estos delitos.
También destacó la implementación de una línea de WhatsApp para facilitar las denuncias, así como alianzas con la Embajada de Estados Unidos y agencias internacionales que han permitido la detección temprana de personas involucradas en la explotación sexual de menores.
La concejal expresó su preocupación por la situación de la población migrante venezolana, que actualmente enfrenta mayores dificultades para acceder a recursos de cooperación. Esto, advirtió, podría incrementar el riesgo de explotación infantil, ya que muchos de los programas que brindaban entornos protectores han desaparecido.
Por ello, hizo un llamado a fortalecer la generación de ingresos para las familias vulnerables, en especial para las madres cabeza de hogar, con el fin de reducir el riesgo de que recurran a dinámicas que perpetúen la explotación de sus hijos.
“La protección de las niñas y los niños es responsabilidad de todos. Aquí no hay colores políticos, solo un objetivo claro: garantizar su bienestar y seguridad”, concluyó Suárez.