La senadora y precandidata presidencial María Fernanda Cabal Molina volvió a lanzar fuertes críticas contra el gobierno de Gustavo Petro, esta vez por lo que calificó como una “paz cocal que alimenta la violencia con el silencio del Estado”. Sus declaraciones se producen en medio de un creciente malestar por el aumento de los cultivos ilícitos y el fortalecimiento de grupos armados en varias regiones del país.
“El gobierno Petro ha pasado de prometer mano dura contra el narcotráfico a permitir el avance del crimen organizado con complicidad o cobardía”, afirmó Cabal a través de su cuenta oficial de X, en una publicación en la que cuestiona la política de seguridad y lucha contra las drogas del actual gobierno.
Durante su campaña presidencial en 2022, Petro aseguró que su gobierno no toleraría a los carteles ni a los cómplices dentro del Estado, comprometiéndose a una transformación profunda de la política antidrogas. Sin embargo, más de dos años después, diversos informes y denuncias parecen desmentir ese compromiso.
El más reciente Informe Mundial sobre las Drogas 2025 de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) revela que Colombia volvió a encabezar el listado global de cultivos de coca, alcanzando las 253.000 hectáreas sembradas, un aumento del 50 % respecto a 2022. Además, el informe indica que el país concentra el 67 % de la coca del mundo, consolidando su liderazgo en la producción de cocaína.
Este incremento coincide con una reducción en la erradicación forzosa de cultivos ilícitos, una estrategia abandonada por el actual gobierno en favor de programas de sustitución voluntaria, los cuales —según expertos— han sido implementados de forma lenta, desigual e ineficaz.
La senadora Cabal, reconocida por su discurso firme contra el narcotráfico, fue más allá en sus declaraciones: “Las masacres, tomas de poblaciones, secuestros, homicidios campean ante la mirada pasiva de un gobierno cobarde o complaciente”.
También cuestionó que el presidente Petro no haya exigido a las disidencias de las FARC, el ELN ni a bandas criminales el cese del narcotráfico ni de la violencia en departamentos como Cauca, Santander, Chocó o Guaviare. “¿Cuándo le solicitará a las FARC, ELN y bandas criminales detener el genocidio en los territorios?”, publicó la congresista, en otro duro mensaje.
Mientras tanto, el Ministerio de Defensa insiste en que el país vive una “reducción histórica de la violencia”, aunque en el terreno los reportes de líderes sociales, defensores de derechos humanos y autoridades locales narran otra historia: presencia creciente de estructuras criminales, desplazamientos forzados, extorsiones y control territorial por parte de grupos armados ligados al narcotráfico.
Cabal ha señalado que esta “paz cocal” responde a una estrategia de no confrontación con los actores ilegales, disfrazada de diálogo social y acuerdos territoriales, lo cual —según ella— está profundizando la crisis de seguridad.
A medida que se profundiza el debate sobre el rumbo de la política de seguridad en Colombia, sectores de la oposición advierten sobre la fragilidad institucional, el colapso del control estatal en regiones clave y el auge de una nueva generación de narcoviolencia. Mientras tanto, el gobierno insiste en avanzar hacia una “paz total” que, para sus críticos, está siendo aprovechada por los ilegales para fortalecerse.