El presidente de la República, Gustavo Petro, reafirmó este miércoles su intención de acudir a una asamblea nacional constituyente en caso de que su propuesta de consulta popular sea bloqueada por las instituciones del Estado, asegurando que no permitirá que se burlen del “mandato del pueblo”.
En una entrevista concedida a CNN, el mandatario fue claro: “Si se cae en la Corte, entonces se recogerán 8 millones de firmas del pueblo colombiano para volver a presentar la consulta. Y si se vuelven a burlar de la consulta, entonces ya no queda otro mecanismo que un pueblo, en elecciones, masivamente pida la asamblea nacional constituyente”.
Petro dejó en claro que no busca extender su mandato ni beneficiarse personalmente de este eventual proceso. “Que no me beneficie a mí, porque para esa época yo ya estaré terminando mi mandato”, respondió al periodista que lo cuestionó sobre sus reales intenciones.
Las declaraciones se producen luego de una alocución del mandatario desde la Plaza San Francisco de Cali, donde defendió con vehemencia su propuesta de consulta popular y reiteró que todos los mecanismos democráticos están sobre la mesa. “El pueblo ya eligió decidir y no se va a echar para atrás. Todos los instrumentos que existen en Colombia, incluida la asamblea nacional constituyente, se utilizarán porque el único soberano y detentor del poder en Colombia se llama el pueblo”, enfatizó desde la tarima.
Petro también denunció lo que considera una persecución institucional: “Tendrían que poner presos a un presidente y a unos funcionarios que lo único que han hecho es pedir que el pueblo se exprese”.
A estas declaraciones se sumó el ministro de Justicia designado, Eduardo Montealegre, quien confirmó este jueves que el presidente sí contempla formalmente una constituyente de carácter popular. “Hay que hacer reformas radicales. El presidente ya habló y dijo expresamente que necesitamos una constituyente, una convocatoria constituyente, pero de iniciativa popular”, indicó Montealegre.
La discusión sobre una constituyente se da en un momento de alta tensión política y jurídica en el país, con sectores de oposición alertando sobre un posible uso abusivo de mecanismos democráticos para imponer reformas estructurales sin los consensos del Congreso ni la Corte Constitucional.