Petro decreta estado de conmoción interior en el Catatumbo ante crisis humanitaria

El presidente Gustavo Petro anunció la declaratoria del estado de conmoción interior y emergencia económica en el Catatumbo, región golpeada por la violencia entre las disidencias de las FARC y el ELN. Según la Defensoría del Pueblo, los enfrentamientos han dejado más de 80 muertos y han desplazado a más de 11.000 personas en las últimas semanas.

En su cuenta de X, el mandatario escribió: “Se declara el estado de conmoción interior y el estado de emergencia económica. Espero del poder judicial su apoyo”. Petro explicó que esta medida busca no solo frenar la crisis de seguridad, sino también implementar una transformación económica en las zonas afectadas.

Una región en crisis

El Catatumbo ha sido históricamente una de las zonas más afectadas por el conflicto armado en Colombia. La actual pugna entre grupos armados ha intensificado una crisis humanitaria de grandes proporciones, agravada por décadas de abandono estatal y falta de oportunidades.

La Unidad Nacional de Gestión de Riesgos de Desastres (UNGRD) activó un Puesto de Mando Unificado para coordinar la respuesta gubernamental. Su director, Carlos Carrillo, afirmó: “La magnitud de la situación obliga a todas las entidades del Estado a responder con prontitud”.

Sin embargo, expertos advierten que los desafíos estructurales de la región podrían dificultar la estabilización a largo plazo.

Poderes extraordinarios bajo la lupa

El estado de conmoción interior, establecido en el artículo 213 de la Constitución, permite al presidente expedir decretos con fuerza de ley y limitar derechos fundamentales para enfrentar situaciones que amenacen gravemente el orden público. Sin embargo, estas medidas deben ser proporcionales y están sujetas a la revisión de la Corte Constitucional, que puede anular decisiones que excedan los límites legales.

La declaratoria tiene una vigencia inicial de 30 días y puede extenderse hasta un máximo de 90 días por año. Este mecanismo ha sido utilizado en momentos críticos de la historia reciente del país, pero siempre genera debates sobre el equilibrio entre seguridad, derechos fundamentales y estabilidad institucional.

Reacciones encontradas

La decisión del presidente Petro ha generado una oleada de reacciones. Vicky Dávila, candidata presidencial, señaló que la medida demuestra “la pérdida de control de la seguridad en el país” y advirtió sobre un posible trasfondo político con miras a las elecciones de 2026. “No lo vamos a permitir. Los colombianos debemos estar en máxima alerta”, aseguró.

Por su parte, el representante José Jaime Uscátegui criticó al mandatario en X: “El presidente miente al prometer que resolverá en 30 días de conmoción interior lo que no hizo en 3 años. Mientras el ELN masacra en el Catatumbo, su gobierno desmantela batallones y retira tropas”.

¿Cambio estructural o estrategia política?

Mientras los críticos apuntan a posibles intenciones políticas detrás de la medida, el gobierno insiste en que se trata de una respuesta urgente a una crisis humanitaria. Petro ha asegurado que, además de las acciones militares, su estrategia incluye una transformación económica que beneficie a las comunidades más afectadas.

Sin embargo, analistas coinciden en que el éxito de estas medidas dependerá de su implementación y de la capacidad del gobierno para restaurar la seguridad y la confianza en las instituciones en una región donde los grupos armados han dominado durante décadas.