Desde Timbío, Cauca, el presidente Gustavo Petro cuestionó la decisión de la Fiscalía de no suspender las órdenes de captura contra 29 integrantes del Clan del Golfo, en medio de los acercamientos de paz con esa estructura armada.
El presidente Gustavo Petro lanzó fuertes críticas contra la fiscal general de la Nación, Luz Adriana Camargo, luego de que la Fiscalía se negara a suspender las órdenes de captura contra 29 integrantes del Clan del Golfo, también denominado Ejército Gaitanista de Colombia, en el marco de los diálogos impulsados por el Gobierno nacional.
Durante un acto público en Timbío, Cauca, donde participó en la entrega del nuevo hospital del municipio, el jefe de Estado aseguró que detrás de esa decisión habría una intención de usar los procesos de negociación como argumento para abrirle investigaciones en Estados Unidos.
“Quieren coger como excusa los procesos de negociación, intentando hacer la paz en este país para que los colombianos no se maten entre sí, como las pruebas para que me metan preso en Estados Unidos”, afirmó Petro, según la nota de Infobae.
La controversia se originó después de que la Fiscalía resolviera no levantar, por ahora, las órdenes de captura contra cabecillas del Clan del Golfo, entre ellos alias Chiquito Malo. La decisión afecta el plan del Gobierno de avanzar en zonas de ubicación temporal en Tierralta, Córdoba, y Belén de Bajirá, Chocó, previstas como parte del proceso de sometimiento o negociación con esa organización.
Petro defendió su facultad constitucional para dirigir la política de paz y sostuvo que ningún funcionario puede desconocer las decisiones presidenciales en esa materia. “El jefe del orden público y de la política de paz en Colombia es el presidente de la República”, dijo el mandatario, al insistir en que las zonas de concentración son legales y están bajo observación internacional.
La Fiscalía, por su parte, condicionó cualquier suspensión de capturas a que exista información “suficiente y verificable” sobre el cumplimiento de requisitos legales, entre ellos el avance real del proceso, el cese de actividades criminales y garantías frente a hechos como reclutamiento de menores o continuidad de delitos.
El pronunciamiento del presidente profundiza el pulso entre la Casa de Nariño y el ente acusador por los alcances de la política de Paz Total, especialmente frente a organizaciones criminales con solicitudes de extradición y procesos abiertos por delitos graves.