En alocución presidencial, el presidente Gustavo Petro anunció que expedirá el decreto para convocar una consulta popular, a pesar de no contar con un concepto favorable del Senado. “Voy a decretar la consulta popular. La Corte Constitucional decidirá indudablemente, puede o no decidir, de acuerdo a las normas existentes. ¿Por qué decreto la consulta popular? Porque jamás hubo un concepto favorable en el Senado, hicieron trampa”, afirmó el mandatario, en un mensaje cargado de tensión y desafío.
Petro aseguró que el documento llegará a la Corte Constitucional esta misma semana. “Sé que me va a caer todo y que voy a acelerar todas las amenazas que hay contra mí. El pueblo debe expresarse porque es el dueño del poder político en Colombia, no hay otro dueño”, añadió, dejando claro que está dispuesto a asumir los costos políticos —y judiciales— de esta decisión.
El exfiscal general Eduardo Montealegre, quien sostuvo una reunión con el mandatario aseguro que constará de 12 preguntas y será expedida antes del 11 de junio e insiste en que, tras una revisión jurídica detallada, encontraron errores “insubsanables” en el trámite legislativo del Senado, lo que a su juicio hace jurídicamente nula la resolución que negó el aval a la iniciativa.
Pero no todos están de acuerdo. El exregistrador Alexander Vega lanzó una fuerte advertencia: “Cualquier intento de proceder sin el concepto favorable del Senado no solo sería abiertamente ilegal, sino que además expondría al presidente Gustavo Petro a posibles cargos de prevaricato”. Según Vega, sin ese aval legislativo, la Registraduría no tendría cómo poner en marcha el calendario electoral, lo que constituiría una falta grave a la normativa vigente.
por su parte, la senadora María Fernanda Cabal alertó al país por decreto para convocar la consulta popular de Petro y dijo que “Es un verdadero golpe de Estado, si esto se concreta, estaríamos ante un acto abiertamente inconstitucional. Sería un golpe a la separación de poderes y un desafío frontal al Estado de derecho. Señores, esto sí es un verdadero golpe de Estado. Aquí no se trata de ideologías, se trata de respetar la Constitución y la separación de poderes”,
El anuncio se da en medio de un ambiente político cargado y con fuertes críticas de varios sectores que ya han calificado esta jugada como una amenaza al equilibrio institucional. Mientras tanto, la pelota queda en manos de la Corte Constitucional, que deberá pronunciarse en los próximos días sobre la viabilidad del decreto y la legitimidad del proceso que está por comenzar.