El presidente Gustavo Petro aseguró que el Gobierno nacional no tiene información sobre una amenaza concreta contra la central de Hidroituango, luego de que el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, y el gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, cancelaran su asistencia a una visita programada al proyecto energético.
La jornada, que estaba prevista como un recorrido institucional para presentar avances y revisar aspectos operativos de la hidroeléctrica, se vio opacada por la decisión de los mandatarios locales de no asistir, argumentando posibles riesgos de seguridad en la zona.
Desde la Casa de Nariño, el jefe de Estado sostuvo que no existe reporte oficial que confirme un plan de atentado para la fecha programada y subrayó que las Fuerzas Militares no emitieron alerta específica sobre un ataque inminente. Petro indicó que, hasta el momento, no hay evidencia que respalde versiones sobre una amenaza directa contra la infraestructura o contra las autoridades invitadas.
Mientras el Gobierno nacional insiste en que no hubo advertencia formal de atentado, las autoridades departamentales y municipales señalaron que su decisión respondió a información de inteligencia relacionada con posibles acciones armadas en el área de influencia del proyecto, incluyendo el uso de drones por parte de estructuras ilegales.
La región donde se ubica la hidroeléctrica ha sido históricamente escenario de presencia de grupos armados, lo que mantiene activa la vigilancia militar. No obstante, voceros oficiales recalcaron que una cosa es el contexto general de seguridad y otra distinta es la existencia de una amenaza puntual para una fecha determinada.
Hidroituango es considerada la obra de generación de energía más importante del país y pieza clave en la estabilidad del sistema eléctrico nacional. Cualquier alerta que involucre su operación genera preocupación por el impacto que podría tener sobre el suministro energético.
La cancelación de la visita también dejó en evidencia las tensiones políticas entre el Ejecutivo y los gobiernos regionales, en un momento en el que el debate público gira en torno a la seguridad territorial y la protección de infraestructura estratégica.