Por: Eliana Úsuga
La reforma laboral de Gustavo Petro ya es Ley de la República. Se nos ha dicho que es un avance para los trabajadores, una conquista histórica, un paso hacia la justicia social. Pero cuando se lee con detalle, sin romanticismos ideológicos y con la frialdad que ameritan las cifras, esta reforma termina siendo todo lo contrario: un obstáculo costoso, excluyente y profundamente inequitativo.
Veamos el panorama con números en mano. En Colombia hay cerca de 23,5 millones de personas ocupadas. De ese total, 13,5 millones están en la informalidad y solo 10 millones tienen empleos formales. Pues bien, según los análisis más optimistas, la reforma laboral beneficiaría, en el mejor de los casos, a cuatro de cada diez trabajadores. Los otros seis —la mayoría del país productivo— no verán ni una mejora ni una oportunidad. Para ellos, esta ley es simplemente letra muerta.
Y no solo eso. Para los 13 millones de colombianos que sobreviven en la informalidad, esta reforma no solo no ayuda, sino que empeora sus posibilidades de acceder al mercado formal. Elevar los costos de contratación y endurecer las condiciones para emplear, lejos de fomentar la formalidad, la expulsa. ¿Quién va a contratar a alguien que representa una carga operativa y económica inviable?
Uno de los puntos más controvertidos es el tratamiento que se le da a la salud menstrual de las mujeres. Convertirla en una causal de incapacidad mensual, no es un acto de equidad, sino una torpeza que puede convertirse en un disuasivo para contratarlas. Es lamentable, pero real: muchas empresas, en lugar de adaptar su cultura laboral, optarán por evitar riesgos y reducirán aún más las contrataciones femeninas.
La situación es particularmente dramática en sectores como los gastrobares, la vigilancia privada o los restaurantes, donde los márgenes de ganancia son estrechos. Según cálculos de gremios y expertos, para muchas de estas empresas, cumplir con la reforma podría representar un sobrecosto anual de más de $280 millones. ¿La solución? Despedir personal, reducir turnos, cerrar locales. No lo digo yo: lo dice el Banco de la República, que proyecta la pérdida de 600.000 empleos; otros centros de pensamiento advierten que podrían ser 400.000 o más. Eso no es una reforma, es una masacre laboral.
Además, se encarecen operaciones con recargos más altos, se desincentiva la contratación de aprendices al “laborizar” el contrato de formación, y se crea una legislación que ahuyenta el empleo juvenil. ¿Qué empresa preferirá vincular a un aprendiz del SENA si por el mismo precio puede contratar a alguien con experiencia? Miles de jóvenes, entonces, verán cerradas las puertas del primer empleo. No porque no quieran trabajar, sino porque la ley los ha dejado por fuera.
Y mientras tanto, a quienes aún tienen trabajo, les espera una carga mayor. La reforma no trae alivios ni refuerzos. Si el empleador debe recortar personal para ajustarse a los nuevos costos, los que queden tendrán que hacer más con menos. Bienvenidos al nuevo mundo laboral: menos empleo, más presión y oportunidades cada vez más escasas para quienes apenas comienzan