Petro ordena traslado de $25 billones de fondos privados a Colpensiones en medio de incertidumbre jurídica

En una decisión que sacude el sistema pensional, el Gobierno nacional hizo oficial el traslado de cerca de $25 billones desde fondos privados hacia Colpensiones, a través de un decreto expedido en medio del Congreso de Asofondos. La medida, que ya entró en vigor, fue calificada por el gremio como un movimiento de gran impacto económico, “comparable a una reforma tributaria”, y que deberá ejecutarse en cuestión de semanas.

Según lo conocido, los recursos provienen de un subfondo conservador, es decir, ahorros de personas que están a menos de 10 años de pensionarse o que incluso ya adquirieron ese derecho. El decreto establece plazos estrictos: las administradoras de fondos de pensiones (AFP) tendrán 20 días para trasladar la primera mitad de los recursos y 10 días adicionales para completar el proceso. En el caso de pensionados, el giro deberá hacerse en un máximo de 15 días.

La decisión llega en un momento de alta incertidumbre jurídica. Aunque la reforma pensional impulsada por el Gobierno —la Ley 2381 de 2024— fue aprobada, su implementación está suspendida provisionalmente por la Corte Constitucional debido a vicios de trámite. Esto significa que, por ahora, sigue vigente el sistema de la Ley 100 de 1993, mientras el alto tribunal define el futuro del modelo de pilares.

El anuncio generó preocupación en el sector financiero, que cuestiona el momento del decreto y advierte sobre posibles efectos si la Corte tumba definitivamente la reforma. Desde Asofondos señalaron que existe el riesgo de que, una vez trasladados los recursos, no haya reversa en caso de un fallo en contra, lo que podría dejar un escenario complejo para los ahorros de millones de colombianos.

Por ahora, el Gobierno defiende la medida como una forma de corregir el “descalce” del sistema, es decir, evitar que el Estado siga pagando pensiones mientras esos recursos permanecen invertidos en el sector privado. Sin embargo, el país queda a la espera de una decisión definitiva de la Corte Constitucional que determine el rumbo del sistema pensional en Colombia.